MARCHA ATRÁS CON LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA SUBIR LAS TARIFAS

La renegociación con las empresas de servicios públicos privatizados ya suma carillas y carillas en tono de sainete. Ayer, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos y Servicios Públicos (Uniren), que preside Jorge Gustavo Simeonoff, levantó el cronograma de audiencias públicas que había sido publicado anteayer en Internet, tras conocerse la negativa de las empresas transportistas de gas que, al igual que las eléctricas, rechazaron la propuesta del Gobierno para readecuar sus contratos.

Sumándole cierto grado de surrealismo a la cuestión, el ministro de Planificación, Julio De Vido, declaró en Venezuela, ante la consulta de periodistas, que “no hay un cronograma para las audiencias”, a pesar de que en www.uniren.gov.ar todavía se podía leer que se llevarían a cabo entre el 19 de agosto y el 22 de septiembre próximos. Más tarde, la página web fue modificada y las fechas desaparecieron, quedando sólo las ciudades donde se realizarían los encuentros.

Anteayer, en el sitio oficial de la Unidad de Renegociación en Internet apareció el listado de audiencias públicas correspondiente a cada empresa: así, las de las transportistas eléctricas, como Transener y Transpa, estaban previstas para el 25 de agosto en Necochea; la de TGN, transportista de gas, se debía realizar el 31 de agosto en Bahía Blanca, y así hasta completar un listado de 18 empresas entre gasíferas, eléctricas, ferrocarriles de cargas, terminales de puerto y las concesionarias de los accesos a Capital Federal.

En teoría, la Uniren depende de Economía y del Ministerio de Planificación. Sin embargo, hay disidencias entre la forma en que ambos ministros buscan renegociar con las empresas. “Hay diferencias en cuanto al tiempo y la forma en que se quieren ajustar las tarifas”, admitió un funcionario que sigue de cerca las negociaciones.

La Uniren planteó, en el caso de las empresas de electricidad, subas en las tarifas que impactarían entre un 10 y un 15 por ciento en las facturas que pagan los usuarios, teniendo en cuenta ajustes para distribuidores, como Edesur, Edenor y Edelap, y también para transportistas, como Transener. Para las empresas de gas, el ajuste propuesto sería similar.

A cambio, se les exige a las compañías que renuncien a los juicios ante el Ciadi, y que, en caso de que los accionistas no quieran dar marcha atrás con las demandas, que las empresas se hagan cargo de un eventual fallo negativo para el Gobierno. También se establecen nuevas inversiones obligatorias para la expansión de los servicios. Y se establece que un organismo independiente de los entes reguladores respectivos fiscalizaría las nuevas inversiones.

En estas idas y venidas se dejan ver las discrepancias de criterios entre Economía y Planificación. El 12 de este mes, el secretario de Energía, Daniel Cameron, que depende de Julio De Vido, envió una nota -a la que accedió LA NACION- a Simeonoff en la que especificaba que “como mecánica de trabajo a futuro, sería importante que la Secretaría de Energía… siendo la encargada de definir la política energética a nivel nacional, tenga la oportunidad de opinar previamente a la emisión por parte de la Uniren de documentos que estén relacionados con la política energética a nivel federal. Todo ello con objeto de que las medidas que se tomen o impulsen en materia energética estén alineadas con los objetivos de gestión ya fijados”.

Imposición

Las empresas argumentan que la negociación no es tal; que el Gobierno busca imponer las condiciones; y que no convalidarán con su presencia las audiencias públicas convocadas a tal fin. “Nos están proponiendo los mismos aumentos que nos quisieron dar hace dos años, y con una serie de condiciones inaceptables”, se quejó un empresario de una firma energética. La negociación con las empresas de gas y electricidad se realiza mientras que el Gobierno da por superada la crisis energética, gracias a las importaciones de gas desde Bolivia (ver la sección Política), y a la compra de fuel oil venezolano, que se extenderá durante el año próximo. También, al Plan de Uso Racional de la Energía (PURE), que incentiva el ahorro en los usuarios residenciales.

Hasta ahora, el Gobierno firmó dos acuerdos transitorios que vencen en diciembre de este año: uno con Aguas Argentinas y otro con Telefónica y Telecom. En ambos casos se acordó que las tarifas seguirán congeladas. Los técnicos de Planificación argumentan que la recomposición tarifaria debería ser entre 2005 y 2006, para no tener problemas en 2007, un año con elecciones presidenciales. Pero la propuesta que la Uniren envió a las empresas propone un primer aumento en febrero próximo, y luego una nueva ronda de ajustes sólo en 2007.