MARCHA EN TRIBUNALES POR LOS OCHO MUERTOS DEL DICIEMBRE TRÁGICO

La comisión no gubernamental que investiga la represión de diciembre de 2001 en la provincia de Santa Fe, que cobró ocho vidas, realizará hoy a las 10 una nueva marcha hacia los Tribunales provinciales para exigir que se activen las investigaciones de esos crímenes. Además, aprovecharán la convocatoria para ofrecer un informe actualizado de la situación de los expedientes que, entienden, no han avanzado por la connivencia entre el poder político y la Justicia santafesina, aunque tampoco eximen de responsabilidades al actual gobierno nacional.

“Tenemos serias dudas del compromiso del gobierno nacional de investigar en Santa Fe. No vemos la misma decisión que han tenido en otros lugares. En Santiago del Estero (donde funcionarios del gobierno y policías provinciales están involucrados en el asesinato de dos jóvenes), fue el secretario de Derechos Humanos (Eduardo Luis Duhalde), investigó y amenazaron con intervenir la Justicia”, señaló Antonio Tessolini, miembro de la comisión investigadora, quien confrontó lo sucedido en ese distrito con la situación en Santa Fe: “(El gobernador electo Jorge) Obeid forma parte del mismo espacio político que el presidente (Néstor Kirchner) y éste no ha tomado ninguna decisión en el sentido de ejercer la presión política”.

Por su parte, Carmen Maidagan, también integrante del cuerpo investigador, denunció que “salvo la causa Lepratti, las demás están virtualmente paradas debido a que desde el gobierno de (Carlos) Reutemann se trató de obstruir la labor de la Justicia”. A modo de ejemplo, indicó que la Policía nunca dio a los jueces la información que se le pedía.

También recordó que el Ejecutivo provincial se negó “a conformar una comisión legislativa” que investigue la represión de diciembre de 2001 y que tampoco ha aportado datos requeridos por la comisión no gubernamental. “Nosotros pedimos audiencia al gobernador, a (el ministro de Gobierno, Carlos) Carranza, y ni siquiera nos dieron una contestación de rechazo”, dijo Maidagan.

En tanto, Lilian Echegoy, otra integrante de la comisión, dijo que “llama la atención que desde distintas instancias de la Justicia siempre se apunta a la impunidad”. Al respecto, observó que “en el caso de las responsabilidades de los funcionarios policiales el juez dictó falta de mérito y luego sobreseimiento, porque consideró que no habían recibido órdenes precisas. Y, al mismo tiempo, las causas que se investiga por la responsabilidad política –contra el ex ministro de gobierno Lorenzo Domínguez y contra el ex subsecretario de Seguridad Enrique Álvarez– lo que dice el juez es que no necesitó dar las órdenes. Entonces, por distintos caminos se consigue la impunidad”.

Por otra parte, Echegoy, advierte que existe “un hilo conductor” entre las causas por la represión de diciembre, los casos de gatillo fácil policial y las amenazas contra querellantes en las causas abiertas por crímenes de la dictadura en la provincia. “Todo esto tiene que ver con una connivencia del Poder Judicial con las prácticas de la Policía”, remarcó.

En tanto, Rubén Naranjo hizo hincapié en la falta de colaboración del gobierno nacional. “En junio se le pidió al secretario de Derechos Humanos datos sobre el destino de Álvarez, si es funcionario de la Side, y no hemos tenido respuestas. Estamos preocupados por esta línea de comportamiento que protege a personajes como Álvarez”, señaló.