MARCHA FRENTE A TRIBUNALES POR LAS MUERTES DE HACE 23 MESES

Con críticas al gobierno de Carlos Reutemann, al que acusan de connivencia con el Poder Judicial, y al Ejecutivo nacional, porque a pesar de su promocionada cruzada antiimpunidad aún no intervino en las causas por la represión policial de 2001, la Comisión Investigadora No Gubernamental de los episodios del diciembre negro en Santa Fe cerró su acto frente a Tribunales, a exactos veintitrés meses de los siete asesinatos y en el marco de un impresionante operativo policial.

Participaron familiares de las víctimas, integrantes de Padres del Dolor, organismos de derechos humanos, el cura Salvador Yaco y el diputado Eduardo Di Pollina, estos últimos miembros de la ONG que se formó cuando la Legislatura santafesina negó el pedido de una comisión investigadora de la represión. Los manifestantes cortaron la calle Balcarce y haciendo espejo al edificio de Tribunales escucharon el documento que critica la falta de mérito para el ex subsecretario de Seguridad Enrique Álvarez y el entonces ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez (resoluciones dictadas hace días por un juez de Santa Fe), denuncia la falta de información oficial sobre los hechos y, en definitiva, la “impunidad resultante”, según subrayaron.

También escuchaban atentamente los reclamos los casi ochenta policías convocados para “prevenir” disturbios, luego de que una de la última marcha por casos de gatillo fácil culminara con incidentes en la puerta de ingreso sobre avenida Pellegrini, por los que un militante del movimiento piquetero Barrios de Pie fue procesado bajo la acusación de daño calificado).

Una treintena de efectivos del destacamento Tribunales, otros tantos de la brigada de Orden Público y hasta diez de la Guardia de Infantería llegaron bien temprano a la manzana judicial, “el segundo edificio público en orden de importancia para custodiar en Rosario después del Monumento a la Bandera”, justificó un vocero policial.

El operativo, que los organizadores calificaron de “desproporcionado y provocador”, incluyó la presencia del inspector de zona, el titular de la seccional 2ª y hasta el jefe de la Unidad Regional, comisario Luis Pogliese, además de un vallado de alambre tipo jaula que se extendió a todo lo largo de la escalinata de acceso al edificio.

La abogada Carmen Maidagan, integrante de la ONG que investiga los crímenes y la puesta en práctica de un plan represivo, anunció una reunión este viernes con la Comisión Antiimpunidad que impulsa el Ministerio de Justicia. La idea es plantear la lentitud y la falta de profundización de las investigaciones por parte de la Justicia local y recordar que ante una eventual denuncia internacional el que deberá responder es el Estado nacional, por más que las irregularidades se hayan cometido en territorio de la provincia.

Lilian Echegoy, de la misma agrupación, aseguró tener información de que “ (el gobernador Carlos) Reutemann estuvo operando a nivel nacional para que se silencie este tema”.
La militante manifestó su preocupación por lo que considera “protección al gobierno provincial” y porque el futuro gobernador Jorge Obeid no se pronunció a favor de que se haga justicia sobre estos episodios.