MARCUCCI PIDIÓ AL GOBIERNO PROVINCIAL QUE SE PONGA FRENTE AL RECLAMO POR LOS SUBSIDIOS

Marcucci solicitó que se encaren las acciones correspondientes para garantizar una justa y equitativa distribución del Fideicomiso destinado al Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) (ley nacional N°26028 y decreto PEN N°564/05 y resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación N° 680/05) en favor de obtener la compensación necesaria para afrontar y resolver las necesidades del sector en jurisdicción provincial.

El Fondo Fiduciario en cuestión fue constituido en 2001, con lo recaudado por una tasa sobre las transferencias a título oneroso o gratuito e importaciones de gas oil, a razón de cinco centavos por litro.

Mediante el decreto N° 1377/2001 se creó el Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) a fin de sistematizar la operación, el mantenimiento y la expansión de la red vial y ferroviaria. Su objetivo prioritario consiste en proveer al crecimiento equitativo de la economía nacional, y el adelanto y bienestar de las provincias, asentándose en probados instrumentos financieros que potencian las opciones de financiamiento de proyectos de infraestructura.

La tasa enunciada fue modificada, pos devaluación, por decreto N°652/02, traduciéndose a un 18,5 por ciento por litro; finalmente se eleva a un 20,20 por ciento por litro, por ley N° 26.028 y su decreto reglamentario N°564/05 junto a la resolución N°680/05 de la Secretaría de Transporte de la Nación que establece la distribución de los recursos.

Según el legislador, por la situación que padece nuestro sistema de transporte público y aplicando el sentido común observamos que la distribución de lo recaudado por esta imposición es absolutamente inequitativa. Es gráfico explicar, a modo de ejemplo, que la recaudación de AFIP en este concepto en el período 2005 ascendió a 1.834.552.000 de pesos, de los cuales Santa Fe aportó en base a su consumo un 10,67 por ciento, según datos obtenidos del Informe de Consumo y recaudación del Fondo Fiduciario del SIT, Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura.

Sobre la base de esta participación que traducida en pesos se aproxima a los veinte millones, se infiere que los aproximadamente 2,7 millones de pesos que recibe la provincia según dichos del propio subsecretario de Transporte, sólo alcanzan para financiar deficientemente las mil ochocientas unidades en funcionamiento.

Si se tiene en cuenta además que el gremio de la UTA reclama aumentos salariales para los trabajadores del transporte público de un 16 por ciento para el próximo mes y un 20 por ciento más en junio, deberán ajustarse los términos de esta inequitativa distribución; caso contrario a mitad de año, se presentará una situación de iguales características pero de mucho mayor gravedad. Todo lo expresado presenta mayores anomalías si tenemos en cuenta que algunos funcionarios provinciales y algunos empresarios del transporte de nuestra provincia han tenido acceso a un borrador de decreto presidencial que agravaría aún más la discriminación sufrida por las provincias del interior.

En efecto, se trataría de un decreto en donde el presidente de la Nación instruye al jefe de Gabinete a los fines de reasignar fondos del presupuesto nacional, como compensación por los mayores costos incurridos por las prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros por automotor, destinándolos al ámbito de la región metropolitana de Buenos Aires, la Capital Federal y los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires: Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, General San Martín, General Sarmiento, La Matanza, Morón, Merlo, 3 de Febrero, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Lanus, Avellaneda, Almirante Brown, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Zárate, Campana, Escobar, Pilar, General Rodríguez, La Plata, Marcos Paz, Brandsen, San Vicente, Berisso, Ensenada, Moreno, Cañuelas, Luján, General Las Heras, Mercedes, Lobos, Exaltación de la Cruz y todos aquellos que sean incluidos en ella como consecuencia del desarrollo urbano de la región.

La crisis del transporte público en Buenos Aires parece tener una necesidad mayor de resolución y es solventada en detrimento de la capacidad de asistir igualitariamente a las provincias del interior del país y descalificando su derecho a tener ciudadanos en igualdad de condiciones un boleto en la ciudad de Buenos Aires sigue costando 75 centavos mientras que nuestros “ciudadanos de segunda” se verán forzados a pagar 1,15 peso.