MARCUCCI QUIERE LA INTERPELACIÓN DE HAMMERLY Y DE LA FISCAL LEPENIES POR LA FALTA DE INFORMACIÓN

Se extingue la relación contractual con la empresa y nadie ha explicado con claridad cuales son las demandas de la provincia contra la empresa. Este inexplicable vacío informativo –aún después de que Hammerly concurriera en dos ocasiones a la Presidencia de la Cámara-, es sumamente preocupante. Nadie puede precisar cuáles son las metas y objetivos que la empresa debió cumplir, los conceptos adeudados, los montos en dinero, los plazos, etc., manifestó Marcucci.

Esta situación se torna aún mas preocupante ante la decisión de Aguas Provinciales de rescindir el contrato, ya que nada se sabe sobre lo que efectivamente se demanda a la empresa, cómo será el proceso de transición, la posible ejecución de las garantías (que fueron alegremente pesificadas transformando garantías de 50 millones de dólares, en garantías de 50 millones de pesos), el relevamiento de los inventarios, etc.

Indudablemente, hubo concesiones graciosas a la Empresa que ningún funcionario del oficialismo -los mismos nombres en los últimos 15 años-, está dispuesto a clarificar. Tal vez la realidad sea la reflejada en las palabras de Damianovich, en el sentido de que la Empresa Aguas, nada debe al Estado santafesino.

La gravedad de la situación impone la necesidad de la interpelación, mecanismo constitucional que lamentablemente desde el año 1991 viene siendo sistemáticamente negado por la mayoría automática del justicialismo.

Se debe rendir cuentas de todo el periodo de la fracasada concesión, las consecuencias pasadas, presentes y futuras para la provincia, y de qué manera se piensa afrontar el debate del futuro del agua. Sólo con seriedad, responsabilidad y transparencia podremos hacerlo. Los usuarios presentes y futuros, esperan una respuesta clara y precisa a favor de la continuidad del servicio con estándares de calidad acordes a parámetros internacionales.

En este sentido, habría que recordar que Santa Fe ostenta lamentablemente, uno de los peores índices de agua potable por habitante del país.

También es necesario que la Fiscal de Estado Ingmar Lepenies –a quien la Constitución Provincial le otorga la función de defensa de los intereses de la Provincia-, se haga presente en el Recinto a los fines de brindar explicaciones en torno a cuál es y cuál será la estrategia jurídica de defensa de dichos intereses, finalizó Marcucci.