MARÍA JULIA DEBE DEVOLVER MÁS DE 700 MIL DÓLARES

La Justicia confirmó una condena contra María Julia Alsogaray a 3 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Además, a la ex polifuncionaria se le decomisarán más de U$S 700 mil por el delito que cometió y, si prospera una propuesta del tribunal, podrían ser destinados al Hospital de Niños “Pedro Garrahan”.

El Código Penal establece incautaciones en todos los casos en que el condenado se haya beneficiado económicamente con su conducta ilegal. Del manejo de estos fondos se encargó siempre la administración del Poder Judicial. Pero la Sala IV de la Cámara de Casación, al confirmar un fallo del 31 de mayo de 2004, propuso que a los U$S 700 mil se les dé un destino concreto —como el del Garrahan— para “paliar, siquiera parcialmente”, el “daño social causado” por María Julia.

En el juicio en su contra, la ex colaboradora de Carlos Menem no logró justificar incrementos patrimoniales de US$ 500 mil y $622 mil. Sobre la primera cantidad argumentó que se trataba de honorarios profesionales; sobre la segunda, dijo que era el producto de los famosos sobresueldos. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 4 no le creyó. Y este criterio fue ratificado ayer por la Cámara de Casación.

La confirmación de la condena, además, acerca a María Julia otra vez a la cárcel. Tiene tres juicios orales en agenda, cuatro procesamientos y tres causas en las que ya fue sometida a declaración indagatoria o lo será en el mediano plazo. Si sufriera una condena más, tendría que contar los 21 meses que ya pasó detenida para —según las penas que le vayan fijando— evitar volver a prisión.

La ex Secretaria de Estado salió sorpresivamente en libertad a principios de mayo. Unos días antes, había insistido con el asunto de los sobresueldos, lo que puso nerviosos tanto a dirigentes menemistas como a funcionarios del actual Gobierno.

La resolución de ayer se basó en un voto del camarista Gustavo Hornos, al que adhirieron en lo central sus colegas Pedro David y Amelia Berraz. A su vez, Hornos hizo lugar a la sugerencia de tres organizaciones, que —como “amicus curiae” o “consejero del tribunal”— habían pedido que el dinero incautado fuera a instituciones de bien público y a la capacitación de empleados judiciales.

Alsogaray todavía puede apelar este fallo, aunque técnicamente es muy difícil que la Corte acepte el caso. Una vez que quede firme, la propia Corte tendría que ordenar el remate de bienes para alcanzar la cifra del decomiso.

El fallo señala que el objetivo del decomiso es “excluir la posibilidad que de un delito castigado por el Estado resulte un remanente de lucro para el delincuente (…). Carecería de sentido imponer la pena y permitir que el delito siga produciendo sus efectos”. En este sentido, el juez Hornos se refirió al “restablecimiento del equilibrio perdido, destinado a recuperar para la comunidad los activos financieros obtenidos en la comisión de delitos socialmente dañosos”.

No hay antecedentes de decomisos que hayan tenido destinos como el que se sugirió ayer. Especialmente porque, además de María Julia, hay un sólo político argentino condenado por enriquecimiento ilícito: el peronista José Manuel Pico, ex titular del Concejo Deliberante porteño. El único dinero que el Estado Nacional perdió por la corrupción de sus funcionarios y se ocupó de recuperar, hasta ahora, fue el del escándalo IBM-Banco Nación: US$ 4,5 millones que quedaron bloqueados en Suiza.

En su apelación, María Julia reclamaba varias nulidades. También le pidió a Casación que declarara inconstitucional la figura del enriquecimiento ilícito y la ley secreta —aún vigente— que permite pago de sobresueldos. A todo le respondieron que no.