MARÍA JULIA, TODAVÍA MÁS COMPLICADA

El problema, para ella, es que, ante la acumulación de procesamientos, en Tribunales señalan que no quedaría otra posibilidad que ordenar su detención.

El nuevo procesamiento contra la ex funcionaria sería dictado la semana próxima por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en el marco de una causa por irregularidades en la refacción del edificio donde funcionó el último de sus destinos durante el gobierno menemista: la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, ahora llamada de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental.

El juez habría encontrado pruebas para procesar a Alsogaray por tres hechos de “peculado”. Este delito es reprimido con penas de prisión que van de los dos hasta los diez años y castiga al funcionario público “que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.

En el mismo artículo del Código Penal, el 261, se incluye la misma pena para el “funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.

La causa judicial se originó en una denuncia formulada hace tres años por la Oficina Anticorrupción. La presentación estaba referida a presuntas irregularidades en los contratos para las obras de refacciones en el marco del Programa Desarrollo Institucional Ambiental (PRODIA), realizadas en 1995.

La secretaría a cargo de Alsogaray recibió advertencias de la Auditoría General de la Nación sobre “el manejo discrecional de la presentación del presupuesto, las violaciones concernientes al régimen de contrataciones por parte del Estado y el pago de sobreprecios respecto de las obras públicas y servicios acordados”, según recordó la Oficina Anticorrupción en su denuncia.

De acuerdo con la OA, Alsogaray “forzó hasta lo insostenible” la normativa para evitar hacer una licitación para la realización de las obras, que, finalmente, le costaron al Estado unos 2 millones de pesos o dólares y fueron efectuadas por firmas directamente contratadas por esa secretaría.

Alsogaray ya se encuentra procesada por presunto enriquecimiento ilícito, a la espera del juicio; por defraudación a la administración pública, a raíz de dos contratos presuntamente irregulares de la ex ENTel residual; y por fraude al Estado, por la entrega de unos millonarios terrenos a las concesionarias del servicio telefónico.

Hace un año, María Julia había recibido su tercer procesamiento judicial. Fue en julio del 2002, y esa vez el motivo había sido la presunta contratación irregular de una consultora y de un estudio jurídico cuando se desempeñaba como liquidadora de EnTel. La medida, sin prisión preventiva, fue tomada por el juez federal Claudio Bonadio.

El procesamiento contra la ex funcionaria incluyó un embargo de 1,5 millón de pesos sobre sus bienes personales. Pero el estado patrimonial de María Julia también mereció una denuncia por el presunto ocultamiento de ellos —a través de la sesión de bienes— para eludir justamente la aplicación de esos embargos.