Más controles a operaciones que superen los $50.000

En medio de una pelea por el control de la Unidad de Información Financiera (UIF) con la oposición, el Gobierno dispuso que se requerirá a las personas físicas y jurídicas una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos por cada operación que realicen, cuando los trámites involucren montos mayores a $ 50.000.

Así lo establece la resolución 118/2010 de la UIF, publicada hoy en el Boletín Oficial, que señala que esta declaración jurada podrá requerirse en forma trimestral. Esta medida modifica la resolución 310/2009, y se enmarca en las tareas de prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

La norma, según se desprende de sus considerandos, busca controlar la compra de automóviles de particulares y empresas, en forma directa o a través de créditos prendarios, con dinero proveniente de actividades ilícitas.

La medida se conoce en momentos en que la oposición busca impulsar en el Congreso una iniciativa para realizar profundas modificaciones en la UIF. La Coalición Cívica presentó una iniciativa que pretende desvincular al organismo del Ejecutivo y dejarlo a cargo de una comisión bicameral del Congreso. Con esta intención, se pretende darle más autonomía a la UIF.

Además se buscará desplazar al actual presidente de la entidad, el kirchnerista José Sbatella, y nombrar a nuevas autoridades por concurso. El proyecto sería tratado esta semana por la comisión de Finanzas de la Cámara baja.

La presentación de este proyecto responde a la intención del oficialismo de realizar cambios en la entidad para ganar poder. Si el Congreso aprueba un proyecto de ley que envió el Ejecutivo, la UIF, originalmente diseñada para perseguir el crimen organizado, podrá investigar a los ciudadanos por simple evasión fiscal, algo que también hace la AFIP.