MAS DE 800 MIL SANTAFESINOS, CON ALGUNA ASISTENCIA SOCIAL

Exactamente 811.569 personas, en toda la provincia, reciben algún tipo de asistencia social por parte del Estado. La cifra se deduce tanto de programas de empleo como de los de carácter alimentario.

Sólo en planes Jefas y Jefes de Hogar, Santa Fe posee 162 mil beneficiarios, más 5.600 que pertenecen al Programa de Ayuda Solidaria (PAS), otros 17.300 del Programa de Empleo Comunitario (PEL) y más 18 mil del plan Familia.

Estos parciales corresponden únicamente a los programas que poseen una asistencia directa en dinero. El total: 202.900 personas con subsidios.

El universo se completa con el programa alimentario nacional que llega a 314.126 santafesinos, y con otro plan de emergencia nacido a raíz de la crisis de 2001 para 61.900 personas más. A éstos deben sumarse los asistidos a través de comedores infantiles, con 40 mil beneficiarios; y los que asisten a comedores escolares, 190 mil almas más. El resultado final, 811.569 personas con algún tipo de asistencia social.

“Es un alto porcentaje de la sociedad”, confesó el secretario de Promoción Comunitaria de la provincia, Osvaldo Miatello, aunque no pudo precisarlo.

“Por supuesto que hay que generar trabajo genuino -indicó adelantando el debate. El problema es que mientras eso no suceda, el Estado tiene que dar una respuesta. Es como el huevo y la gallina: ¿quién está primero?, preguntó”.

Miatello no halló salida al dilema popular, pero al menos concluyó en que “la gente no tiene la culpa de que no haya trabajo”. Eso es “responsabilidad del Estado pero sobre todo del capital privado, y mientras ello no suceda van a persistir estos programas”.

POR LA CULTURA DEL TRABAJO

En diálogo con El Litoral, Miatello reconoció que “la posibilidad de salir de la situación en que se encuentran las personas más humildes pasa sobre todo por la generación de empleo y no tanto por políticas asistenciales”.

Pero mientras ese trabajo no se genere, sugirió al menos exigir una contraprestación. Apeló a la “discusión teórica” generada al respecto, en la que Elisa Carrió postula que tal condición “no es necesaria”; que el subsidio debe ser “una especie de ingreso ciudadano básico” en cabeza de mujeres y personas de la tercera edad.

En lo personal, aclaró no estar de acuerdo con dicho argumento, porque “eso aleja a la gente de la cultura del trabajo”. Recordó, incluso, que la contraprestación había formado parte del “espíritu original” de los planes Jefes de Hogar, que “se terminó tergiversando” por la cantidad de beneficiarios.

A su entender, aquel programa fue “fundamental para evitar un incendio”, pero ahora ya cumplió un ciclo. Por eso consideró “necesario empezar a salir de esto, porque entregar subsidios sin contraprestación no conduce a nada”.

Como evaluación general del Jefes de Hogar opinó que tuvo “más pros que contras”, porque si bien fomentó la política de los subsidios, fue “un buen instrumento casi universal durante varios meses de profunda crisis”.

“Pero hoy no podemos conformarnos con eso, porque nos estaríamos equivocando -advirtió. Tenemos que modificarlo porque el escenario también cambió”.

Explicó que con ese ánimo se instrumentó el programa Manos a la Obra, que apunta a beneficiarios “con algún tipo de oficio o preparación”. El objetivo es que, sin dejar de percibir el subsidio, puedan ir insertándose “en la mecánica productiva”. Para ello se presentan proyectos de emprendimientos que son evaluados por la autoridad de aplicación, y si resultan “viables y sustentables en el tiempo”, son adjudicados para su concreción.

EN EL SEGUNDO SUBSUELO

El funcionario entendió que la mejora en la situación del país y la “esperanza” de la gente “repercutió también en la provincia”, pero reconoció que la situación social “sigue siendo muy grave”.

“Hay algo de aire”, dijo, que permitió reducir el número de jefes de hogar (de 184 a 162 mil), pero parafraseando al presidente Kirchner coincidió en que “todavía estamos en el segundo subsuelo”.

De cara al futuro, se confesó optimista y hasta desnudó que la aspiración de máxima sería “desaparecer”. “Desaparecer por lo menos de los diarios -explicó luego-, porque eso indicaría que los problemas se van achicando”. “Si hay noticias nuestras todos los días, quiere decir que algo anda mal”. Miatello hizo historia y recordó que la actual Secretaría de Estado era, veinte años atrás, una “dirección de Acción Social” dependiente de Salud. Era una repartición “chica”, que atendía “casos puntuales, casi siempre sanitarios”. La preponderancia que fue teniendo posteriormente fue por las sucesivas crisis, pero insistió en que el país “está encauzado” y eso permitirá “achicar y descomprimir la situación en Promoción Comunitaria”.

Con respecto al presupuesto asignado, admitió que “siempre se quiere más”, pero descansó en que lo establecido para su área “alcance para instrumentar una buena política”.

Cruzamientos

Miatello confirmó que desde su asunción se realizaron -y se siguen haciendo- varios entrecruzamientos de padrones para detectar “casos de doble cobro”. Y en función de ello se atrevió a arriesgar que “hoy prácticamente no existen” irregularidades de este tipo. Del mismo modo negó que de esas prácticas de verificación haya surgido algún indicio del uso de planes con fines políticos. “Pueden haber habido errores o subsidios entregados dos veces a una misma persona. Pero no tengo datos como para decir que se entregaron arbitrariamente o con intereses políticos”.

Con estudios incompletos

El elevado porcentaje -más del 60 por ciento- de beneficiarios de planes sociales con estudios secundarios y hasta primarios incompletos en todo el país, se traslada en la misma proporción a la provincia.

Miatello ratificó que los índices en Santa Fe son “muy altos”, y confirmó que la Secretaría sigue avanzando en un relevamiento encomendado por el Ministerio de Desarrollo Social para determinar pormenorizadamente la porción de beneficiarios en estas condiciones.

“Tenemos previsto trabajar en esto tanto desde la educación formal como no formal, porque difícilmente pueda un desempleado tener acceso a un trabajo, si no tiene la escolaridad primaria terminada”.

La puesta en práctica de esa instrucción se dará, en algunos casos, mediante “la estructura del propio ministerio (de Educación)”, con las “escuelas para adultos o de oficios” que dependen de dicha cartera.

Miatello confirmó, además, el propósito del Ministerio de Desarrollo de la Nación de exigirle, sobre todo a las mujeres Jefas, la contraprestación al subsidio mediante la educación de sus hijos. La intención es que esas beneficiarias presenten los certificados de escolaridad y de salud de los chicos. Se pretende así “garantizar que los hijos de esas madres vayan a la escuela y estén cubiertos desde el punto de vista sanitario”.