Más de la mitad de los jóvenes tiene problemas serios de inserción social

En la última década creció el índice de quienes no estudian ni trabajan, objetivo de los subsidios que anunció el Gobierno; desempleo e informalidad, sin mejoras.

Algunos no estudian, no trabajan ni se proponen hacerlo. Otros buscan empleo, pero no lo consiguen. Y un tercer grupo logra insertarse en el mercado laboral, pero en puestos precarios, de bajos ingresos y sin acceso a los derechos de la seguridad social. En la Argentina, unos 2,5 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años, que son nada menos que el 52% de la población de esa edad, tienen serios problemas para su inserción social . Y mientras que el índice de los llamados “ni-ni” (ni estudian ni trabajan) aumentó en la última década, al pasar de 13,1 a 15,3%, las tasas de desempleo y de precariedad laboral en la población juvenil llevan seis años sin ninguna mejora.

De ese universo de personas, en su mayoría con proyectos de vida condicionados, unos 1,1 millones cumplirían las condiciones para acceder al programa Progresar, anunciado la semana pasada por la presidenta Cristina Kirchner, que prevé un subsidio de $ 600 mensuales (también podrían ingresar, dada la situación social de sus hogares, otros 500.000 que están en el sistema educativo y no trabajan).

Con el plan, el Gobierno admite, aunque con un discurso en el que pretende desligarse de toda responsabilidad luego de casi once años en el poder, los datos de una realidad social grave que, mediante la manipulación de los índices de pobreza, desde el Indec se busca ocultar.

Los jóvenes que ni estudian ni trabajan son 748.000, un 15,3% del total de la población de 18 a 24 años, según un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea, realizado sobre la base de datos no difundidos de la Encuesta Permanente Hogares del Indec del primer semestre de 2013 y que será publicado hoy.

En 2003 ese índice se ubicaba en 13,1%, y tuvo un pico de 16% en 2008 y 2009. La incidencia es mucho más elevada en la población femenina: hoy la tasa es de 23,4% entre las mujeres y de 8% entre los varones (ver aparte).

El estudio muestra también que 551.000 jóvenes están desocupados: representan el 19,5% de los activos (tienen tal condición quienes trabajan o buscan hacerlo) -una tasa que casi triplica el índice de desempleo medido sobre la población total-, a la vez que son el 11,3% si se considera la totalidad de personas de esas edades. Los problemas persisten, sin embargo, para muchos que encuentran un puesto, ya que entre los asalariados jóvenes la informalidad trepa al 54%, contra una tasa que para el universo total de esos trabajadores es de 33 por ciento. Si se mira la población joven total, quienes ocupan puestos de baja calidad son 1,24 millones, un 25,4 por ciento.

“Luego de una fuerte mejora entre 2003 y 2008, luego no hubo otros avances”, observan los economistas Marcelo Capello, Gerardo García Oro y Sofía Picasso, autores del informe. La conclusión es válida para el índice de informalidad y para el de desempleo, que al inicio de la década era de 31,2% y que se redujo a 19,8% en 2007, sin mostrar desde entonces variaciones significativas.

Ese estancamiento está en línea con la situación general del mercado laboral, dado que en ese período la creación de empleo disminuyó primero y se estancó después en el sector privado de la economía.

Según destaca un informe del economista Eduardo Donza, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la experiencia indica que en períodos en que cae el crecimiento de la actividad, el mayor impacto en el mundo laboral se da en la población joven. Los datos de la encuesta de esta institución educativa privada no difieren demasiado de los que surgen de la encuesta oficial: según el relevamiento de 2012 (último disponible), el 45,6% de los jóvenes de 18 a 24 años está desocupado u ocupado en puestos de baja calidad, mientras que otro 19% está inactivo (parte de ellos realiza actividades domésticas en el hogar). Sobre los que se declaran en actividad, el 21,5% busca trabajo y no encuentra.

El trabajo del Ieral, por su parte, concluye que si se observan las condiciones dispuestas para acceder al plan Progresar, la mayor parte de los 1,6 millones de posibles beneficiarios serían ocupados de baja calidad, a quienes seguiría el grupo de los que estudian, pero viven en hogares con ingresos reducidos (la condición es que los padres no tengan ingresos más allá de los $ 3600). En cada uno de esos grupos hay un tercio de los potenciales subsidiados, mientras que otro 20% serían los “ni-ni” y el 15% restante, los desocupados.

El plan oficial despertó varios apoyos pero también críticas. “Un subsidio no asegura inclusión”, advierte Eduardo Amadeo, que fue secretario de Desarrollo Social y adhiere hoy al Frente Renovador, de Sergio Massa. Según afirma, como las carencias que hacen que los jóvenes estén inactivos no sólo son económicas, un subsidio debería ser parte de un plan más amplio, con tutorías educativas, diálogo con los padres y un sistema de evaluación de resultados que no existe hoy para los planes sociales.

Desde el punto de vista macroeconómico, preocupa la forma en que se financiará el plan, que costaría unos $ 11.000 millones anuales. Como no se anunció un recorte en otros gastos, “no se puede más que concluir que para el financiamiento habrá más emisión monetaria”, advierte el Ieral. Así, se inducirá a una mayor inflación, con la consecuente caída de poder adquisitivo, que afecta principalmente a quienes tienen menos ingresos.

 

 

Fuente: La Nación