MAS DENUNCIAS CONTRA EL PAMI.

La Justicia federal recibió hoy una denuncia para que se investiguen supuestas irregularidades en la prestación de servicios de psiquiatría del Pami, en las que estarían involucrados funcionarios que ya fueron procesados por cohecho.

La presentación fue efectuada ante el juez federal Juan José Galeano por el abogado Ricardo Monner Sans, quien consideró que podrían estar cometiéndose “asociación ilícita, administración fraudulenta y violación de los deberes de funciona o público”, entre otros delitos.

Además de entregar parte de la documentación que llegó a su poder, el denunciante pidió que se cite a declarar al ministro de Salud, Ginés González García, a su par del gobierno porteño y a las máximas autoridades de cada provincia.

En un escrito de siete carillas, el letrado explicó que estas presuntas irregularidades llegaron a su conocimiento a través de un anónimo que recibió en su estudio jurídico de una persona que dice tener 17 años de antiguedad en la obra social de los jubilados.

De la presentación surge que funcionarios que en 1994 fueron filmados con una cámara oculta cuando cobraban coimas y posteriormente procesados por cohecho continúan prestando servicios al PAMI a través de la ex Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas (FACAP).

“FACAP tiene amigos y enemigos. A los enemigos no les pagaría las prestaciones y a los amigos se les pagaría sin problemas”, destacó Monner Sans, quien adjuntó a su denuncia fotocopias de expedientes de giros de fondos.

Entre los casos citados, se menciona uno de la provincia de Chaco, donde “un establecimiento cobra el total del dinero para la prestación mental, pero sin dar asistencia a los beneficiarios” internados.

También se hace alusión a maniobras cometidas en la provincia de Santa Cruz, donde los pacientes son derivados para su atención a Comodoro Rivadavia (Chubut) porque la FACAP dice que allí no tiene prestadores.

Por modificaciones en la forma de contratación, la FACAP fue reemplazada hace tres años por la Cámara Argentina de Centros y Establecimientos Psiquiátricos (CACEP), la cual “cobra todos los dineros de la psiquiatría del PAMI y reparte luego hacia las clínicas individuales”, aseguró Monner Sans.

Según la denuncia, esto se realiza a través de un contrato tipo “que permite a estos prestadores corruptos evadir las prestaciones y continuar con cobros abusivos”, así como mantener un padrón “inflado” de prestadores.

En otro tramo de la denuncia, se afirma que “un millón de beneficiarios del PAMI no tiene asignado un prestador de salud mental” y por lo tanto “les queda como única alternativa el hospital público”.