MÁS IRREGULARIDADES EN TORNO A LA EMERGENCIA HÍDRICA

Según el decreto 221, del 30 de diciembre de 2003, el Poder Ejecutivo colocó en un plazo fijo dinero que había llegado a Santa Fe a través de la Ley Nacional 25.735, para paliar las consecuencias de las inundaciones.

Lo curioso, es que los intereres producidos por ese plazo fijo, $1.759.307, fueron a parar a rentas generales y no a la cuenta número 552, creada especialmente para la emergencia hídrica.

Pero lo más llamativo es que entre los firmantes de ese decreto del Poder Ejecutivo aparece la firma del por entonces diputado provincial y presidente del bloque justicialista, Roberto Rosúa, junto con las firmas del gobernador Jorge Obeid, el Ministro de Obras Públicas, Alberto Hammerly, y el Ministro de Hacienda, Walter Agosto.

Cabe destacar que un legislador no puede firmar un decreto del Poder Ejecutivo.

“Estamos hablando de antedatar un decreto, o bien que aca se reservan los números de decreto para después ser llenados con comodidad”, expresó el diputado provincial por el ARI, Antonio Riestra, quien presentó una denuncia ante la justicia por este hecho.

“Esto excedía el marco de un pedido de informes y por eso decidimos presentar la denuncia ante la justicia”, agregó.

Cabe recordar que Riestra había elevado un pedido de informes por los decretos 913 y 1496, que reasignan gastos para que el balance provincial de 2003 diga lo que nunca sucedió en relación a los fondos que llegaron por la inundación del Salado.

“La pregunta que surge a partir de este tema es como aparecen estos decretos a esta altura del año y porque no fueron observados antes”, sostuvo.

“Cuando comenzamos la gestión solicitamos acceder al servicio de información financiera de la provincia, entonces nuestra tarea legislativa en vez de ser de supervisión pasa a ser de investigación”, enfatizó.