Más presión sobre Dilma: imputan al tesorero del PT

La justicia aceptó la denuncia contra Vaccari Neto en el escándalo de Petrobras.La presión aumentó ayer contra el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en el escándalo de corrupción de Petrobras. La justicia aceptó la denuncia contra el tesorero de la agrupación de la presidenta Dilma Rousseff por su presunta participación en el esquema de sobornos cobrados dentro de la compañía estatal, que habrían sido desviados al partido y escondidos como donaciones electorales.

El juez federal que lleva el caso, Sergio Moro, imputó ayer a João Vaccari Neto (PT) junto a otras 26 personas acusadas de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, entre ellas ex directivos de Petrobras y ejecutivos de empresas constructoras que habrían pagado coimas para garantizarse contratos con la petrolera estatal.

Según la decisión del magistrado, el tesorero podrá responder a las acusaciones en libertad. El ministerio público había presentado la semana pasada la denuncia contra Vaccari Neto, que pone bajo la lupa las finanzas internas del partido, ya investigado por varios de sus miembros. Supuestamente también están involucrados en la red de corrupción junto a políticos de sus principales fuerzas aliadas.

El PT volvió a negar las acusaciones contra su tesorero y afirmó que no participó de ninguna actividad ilegal en el partido, a la vez que aclaró que Vaccari Neto recién fue designado en ese cargo en febrero de 2010, mientras que las pesquisas investigan principalmente el período 2003-2010, durante los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva, padrino político de Dilma.

Las acusaciones contra Vaccari Neto, así como contra los otros políticos involucrados, tienen como fundamento las declaraciones hechas por otros detenidos. En la mayoría de los casos, llegaron a acuerdos con el ministerio público para que delataran a otros participantes de la red de corrupción a cambio de una reducción en su condena.

Por el escándalo del petrolão ya fueron detenidos tres ex directores de Petrobras y 36 ejecutivos de las principales constructoras de Brasil. El caso impactó negativamente en el valor de la compañía así como en el gobierno de Dilma, que empezó su segundo mandato el 1° de enero pasado.

Después de que hace ocho días más de un millón y medio de personas salieran a las calles para manifestar su rechazo a la presidenta, ayer una encuesta de la consultora MDA confirmó la caída en la popularidad de su administración y de ella misma: apenas un 10,8% aprueba al gobierno y Dilma cuenta con un 18,9% de apoyo.

La situación de la presidenta es todavía más frágil si se tiene en cuenta que tuvo varios enfrentamientos con su principal aliado en la coalición gobernante, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que trabó la aprobación de su programa de ajuste fiscal.

 

 

Fuente: La Nación