MASACRE DE AVELLANEDA: BUSCAN DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

La Justicia reactivó la causa que investiga las responsabilidades políticas por la denominada Masacre de Avellaneda. El fiscal Miguel Osorio pidió informes al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Inteligencia (SI), el Gobierno bonaerense, la Policía provincial, la Prefectura y la Gendarmería. Quiere los teléfonos de todos los funcionarios para cruzarlos entre ellos y con los de los policías que actuaron en la represión que terminó con las vidas de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Fuentes judiciales y de los familiares de las víctimas evaluaron que el informe más importante quizá sea el que se le pidió a la SI (ex SIDE). Osorio le reclamó a la central de inteligencia una copia del sumario interno realizado allí tras descubrirse en la causa que hubo tres llamados desde sus oficinas hacia el celular del ex comisario Alfredo Fanchiotti, condenado por los homicidios de Kosteki y Santillán. Esos llamados fueron hechos el mismo 26 de junio de 2002, en las horas siguientes a la masacre.

En el juicio seguido el año pasado en Lomas de Zamora contra ocho policías bonaerenses, los ex secretario y vicesecretario de Inteligencia, Carlos Soria y Oscar Rodríguez, dijeron que los llamados fueron hechos por un familiar o conocido de Fanchiotti que trabaja en la Secretaría y que lo vio al comisario herido por la televisión y quiso saber sobre su estado de salud.

En realidad se trata del segundo oficio a la SI. El primero fue enviado el 23 de junio y el segundo el 28 de junio. La Secretaría de Inteligencia todavía no respondió. Pero también salieron pedidos de informes hacia la Casa Rosada, Cancillería y La Plata.

El fiscal le pidió a la Prefectura, Gendarmería y Policía bonaerense que digan “cuáles fueron las directivas concretas recibidas de las autoridades pertinentes” para el operativo de seguridad, no sólo del 26 de junio de 2002 sino para todas las marchas piqueteras que se llevaron a cabo del 26 de abril al 26 de julio de ese año.

Al Ministerio del Interior, el fiscal le reclamó “la composición exacta de la línea de mando de todas las fuerzas nacionales y provinciales” que estuvieron en el operativo del 26 de junio. Pero, además, quiere saber si hubo una reunión entre el ex secretario de Seguridad Juan José Alvarez y el gobernador bonaerense, Felipe Solá. Y si “se emitió una directiva, orden o recomendación específica respecto a la utilización de armas de fuego y tipo de municiones”.

Osorio también le solicitó a la Secretaría General de la Presidencia los números de las líneas telefónicas que tenían el ex presidente Duhalde y Juan José Alvarez, la composición del Gabinete para aquel entonces y si hubo reuniones en Gobierno por la problemática piquetera. Y a Cancillería le pidió las líneas que usaba el por entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ruckauf.

Además, el fiscal requirió al Ministerio de Seguridad bonaerense “la composición exacta de la línea de mando de todas las fuerzas” y las líneas telefónicas laborales y particulares de Fanchiotti, su ex colaborador Alejandro Acosta —también condenado por los homicidios— y los otros seis policías condenados por la represión del 26 de junio de 2002.

La causa que lleva adelante Osorio —delegada por el juez federal Ariel Lijo— fue abierta por una denuncia del abogado Marcelo Parrilli, a la que posteriormente se sumó la mamá de Kosteki, luego fallecida. Parrilli vinculaba la represión en Avellaneda con la política de “meter bala a los delincuentes” que había pregonado Ruckauf como gobernador bonaerense.