MAYOR CONTROL CIUDADANO EN LA SELECCIÓN DE FUTUROS JUECES

En pocos días el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe celebrará una reunión extraordinaria para tratar el pedido de un abogado rosarino que aspira a presenciar las entrevistas personales de los candidatos a jueces. El letrado Carlos García Montaño pretendió el 25 de junio ingresar a una evaluación en la ciudad de Santa Fe, pero no lo autorizaron porque el cuerpo nunca había considerado antes esta posibilidad ni había tenido oportunidad de expedirse sobre un requerimiento de esta naturaleza.

Ahora, la inquietud de García Montaño de controlar los actos de gobierno puede transformarse en una resolución escrita que habilite a todos los ciudadanos a participar del sistema, haciéndolo así más transparente.

García Montaño comenzó en diciembre pasado a manifestar su voluntad de asistir a la tercera etapa de la selección (las otras, previas, consisten en un concurso de antecedentes y oposición) de un camarista penal para los Tribunales de Santa Fe. No recibió respuesta.

Enterado extraoficialmente de la fecha de la entrevista, se presentó en la Casa de Gobierno en calidad de “vecino que quiere observar cómo actúa el Consejo”. No lo dejaron pasar pues aún no habían decidido sobre su idea, la que tampoco nadie había planteado hasta entonces.

El abogado interpretó que se le había vulnerado un derecho ya que las audiencias son públicas. Deslizó la posibilidad de una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y el 5 de julio le envió una carta al gobernador Jorge Obeid para exponerle su reclamo. La semana siguiente fue recibido por el subsecretario de Justicia, Walter Gálvez, a la sazón presidente del Consejo.

El funcionario le prometió que en quince días recibiría una notificación sobre las deliberaciones del organismo, también integrado por el presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco; un representante del gobernador, Gustavo Vera; un miembro del Colegio de Abogados y otro del Colegio de Magistrados. Vera fue quien confirmó a este diario que tras la feria judicial se concretará la reunión extraordinaria para tratar el acceso ciudadano a las entrevistas personales de los candidatos a ocupar despachos en la Justicia.

“El encuentro con Gálvez fue positivo. Quedó en estudiar mi planteo, le pareció razonable y acorde con la política diseñada por Obeid en esta gestión”, relató García Montaño. “No encontró demasiadas objeciones a la participación de los ciudadanos, aunque opinó que habría que reglamentarla para darle cierto orden”, completó.

En tanto, Vera, subsecretario de Justicia hasta diciembre y representante del gobernador en el Consejo desde marzo, destacó que la calificación de los antecedentes y de la prueba de oposición de los candidatos, así como las entrevistas personales, “pueden ser consultadas por quien lo desee en la Subsecretaría de Justicia, porque son públicas”. Justificó este procedimiento en la necesidad de darle transparencia a un sistema que funciona en la provincia desde 1990, antes aún que en el orden nacional.

Hasta marzo de 2003 sólo había una etapa de evaluación, la de antecedentes, y luego se incorporaron las demás. A partir de la puesta en marcha del nuevo reglamento, ya se incorporaron unos diez magistrados al Poder Judicial.

Vera subrayó el sentido democrático de la actual selección poniendo como ejemplo el decreto Nº 17 del Poder Ejecutivo, fechado el 11 de diciembre. “Abrió a la población la posibilidad de que opine sobre los postulantes una vez que se publica el listado en el Boletín Oficial y en los diarios de mayor circulación”, aclaró. “La idea es que los ciudadanos y las instituciones conozcan a los inscriptos y luego puedan interponer objeciones u apoyos, en forma similar a lo que ocurre con los candidatos a ministros de la Corte Suprema de la Nación”, continuó. Más tarde estas valoraciones son tenidas en cuenta por los miembros del Consejo de la Magistratura, órgano consultivo que, culminada la evaluación, eleva una terna al gobernador para que éste defina la designación. Hasta ahora nadie ejerció el derecho que propone el decreto 17 de Obeid porque la mayoría de los concursos ya estaban en marcha, según la estimación de Vera. En cambio, cree que el procedimiento se estrenará con los concursos para nuevos juzgados, creados por ley a fines de 2003, para los cuales hubo hasta ahora cinco llamados.

Consultado específicamente por la inquietud del abogado García Montaño, Vera prefirió no expedirse, aunque veladamente acordó con esa posibilidad al considerar “válido” todo lo relacionado con la transparencia del proceso y su debida publicidad. “El nuevo reglamento va en ese sentido y lo más importante aquí es que los santafesinos tengan los mejores jueces posibles”, concluyó.
El final de la polémica se conocerá en los próximos días, tras la reunión extraordinaria del Consejo de la Magistratura.

Nada de pasantes, prosecretarios ni practicantes

En un marco de colapso judicial, no sólo la designación de los magistrados está bajo la lupa sino también la del personal que hace funcionar el servicio de administración de Justicia. En ese sentido, la Asociación de Abogados Laboralistas cuestionó a través de un duro comunicado el régimen de prosecretarios, practicantes y pasantes aplicado por la Corte Suprema, por considerarlo nada más y nada menos que inconstitucional.

Los laboralistas recordaron que la acordada del máximo tribunal establece pasantías rentadas “con una remuneración irrisoria” y no considera la vinculación como empleo público sino que la nombra, textualmente, “una relación jurídica pública de derecho administrativo especial no permanente”. Por ello, vulnera garantías consagradas en los artículos 14º bis y 20º de las constituciones nacional y provincial respectivamente, como el derecho a la estabilidad del agente público y la protección del trabajo en todas sus formas. La Asociación afirma que el colapso de los Tribunales “no se soluciona con mayor precarización, parches y contratos basura”.