MEDIA SANCIÓN A LA DESCENTRALIZACIÓN DEL COBRO DE LA PATENTE AUTOMOTOR PARA LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS

El Senado provincial dio media sanción anoche al proyecto de descentralización del cobro de la patente automotor, a través del cual se habilita a municipios y comunas a administrar de este tributo -con una banda de más o menos un 10 por ciento a partir de una alícuota base- y también el cobro de las deudas atrasadas.

La norma aprobada por el Senado establece que el 100 por ciento del cobro de las patentes atrasadas quedará en poder de cada municipio o comuna, mientras que los gravámenes nuevos operarán con un mecanismo de coparticipación al revés del actual. Es decir, los municipios se quedarán con el 90 por ciento de lo recaudado y girarán el restante 10 por ciento a la provincia.

La reglamentación de la ley una vez que la apruebe Diputados -algo que anoche se daba por descontado- estará a cargo de la Administración Provincial de Impuestos (API).

Los legisladores señalaron que en la letra fina de la reglamentación se tendrá en cuenta el caso de las comunas chicas que no pueden hacer frente a la emisión de formularios o demás trámites administrativos. En ese caso estimaron que que las mismas podrán delegar éstas facultades a otro municipio de mayor tamaño o incluso a la propia provincia a través de la API.

“Es un triunfo de los municipios y comunas”, dijo anoche el presidente del bloque de senadores justicialistas, Héctor Ocampo, después del trámite parlamentario que dio luz verde al mensaje del Ejecutivo en la Cámara alta.

Una vez que la iniciativa -que incluye por un lado la administración y por otro el cobro atrasado de patentes- sea convertida en ley por la Cámara de Diputados, las municipalidades y comunas santafesinas en forma autónoma quedarán facultadas para establecer las fechas de vencimiento de este impuesto.

Una de las disposiciones que los senadores introdujeron en el mensaje remitido a la Casa Gris, establece que la patente será emitida “en un mínimo de cuatro cuotas” y entre los respectivos vencimientos “deberá mediar un plazo no menor de 30 días”.

El texto legal comenzará a regir a partir del 1º de enero de 2005.

De acuerdo al proyecto avalado por el Senado, los gobiernos municipales y comunales locales estarán habilitados a establecer las multas por pago fuera de término, las tasas de interés aplicables también a los pagos fuera de término, la procedencia de convenios de pago y los requisitos para la tramitación de exenciones.

Al estar íntegramente a cargo de municipios y comunas la administración de la patente -y por ende las fechas de vencimiento libradas a la discreción de cada uno de los gobiernos locales- los contribuyentes santafesinos no experimentarán más cambios en los referido al trámite de pago, que seguirá centralizado en el Nuevo Banco de Santa Fe.

Tasa testigo
A los fines de no desatar desequilibrios ni competencias salvajes entre los distintos municipios y comunas, los legisladores también incorporaron al dictamen de las comisiones un párrafo en el que establece que la provincia, mediante una ley “fijará como dato referencial una tasa testigo”.

Este parámetro “no podrá ser variado en más o en menos hasta un 10%” a la de que cada municipio o comuna establezca en forma autónoma el valor del tributo.

“Con esta disposición tratamos de evitar que esta norma siembre el terreno para que algún irresponsable pueda atrapar a todo el parque automotor de la provincia en un solo municipio”, señaló el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Carlos Mercier.

Por otra parte, Mercier apeló a la “racionalidad” de los intendentes y presidentes comunales a la hora de formalizar los convenios de pago con los contribuyentes en mora, como también a la responsabilidad de éstos en el cumplimiento del pago en tiempo y forma del tributo.

Mercier definió al mensaje del Ejecutivo como “un decidido avance en el proceso de autarquía de municipios y comunas” y abogó porque la tasa testigo posibilite a los gobiernos locales “fijar políticas razonables a nivel regional”.

La oposición radical y socialista acompañó al oficialismo en la votación de la iniciativa, con excepción de una disidencia parcial en un artículo del mensaje oficial que ata a los municipios y comunas al convenio firmado por la provincia en el marco del proceso de privatización del Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF).

Al respecto el texto aprobado por el oficialismo prescribe que “atento a la naturaleza provincial del gravamen” las municipalidades y comunas “deberán hacer observar el convenio de vinculación” (entre la provincia y su agente financiero) vigente hasta el año 2008, suscribiendo a tal fin “los contratos operativos respectivos”.

La senadora socialista Patricia Sandoz advirtió que “ello implica una transferencia de 1,8 millón de pesos anuales, equivalente a la comisión del 1,5% más IVA percibida por el NBSF”.

En tanto, el radical Felipe Michlig cuestionó que “se sujete a los municipios y comunas a cumplir un convenio que no han firmado, impidiendo que puedan optar por celebrarlos con otras entidades financieras, mutuales o incluso con su propio agente financiero, como sería el caso del Banco Municipal de Rosario”.