MEDIA SANCIÓN AL PROYECTO QUE CREA UNA NUEVA ESTRUCTURA PARA LA POLICÍA

La desaparición de las juntas de calificaciones, la obtención de ascensos por concursos de antecedentes y oposición, el establecimiento de un nuevo y unificado escalafón y un regimen de derechos y disposiciones institucionales diferentes al vigente. Todo esto conforma el corazón de la nueva ley del personal policial de la provincia que ayer alcanzó media sanción en la Cámara de Diputados. Para que el proyecto del Poder Ejecutivo se convierta definitivamente en ley, queda que los senadores le den su aprobación. Pero ese trámite es considerado en el ámbito político casi como una formalidad, por lo cual a corto plazo la fuerza se regirá por una legislación renovada.

Al analizar y votar los 123 artículos que conforman la ley propuesta, diputados de los distintos sectores que integran la Cámara baja decidieron considerar a la seguridad pública como una política de estado y postular un avance en la transformación y profesionalización de la policía. Así, la nueva norma sustituirá, cuando la avale el Senado, a la ley 6769 y es una de las cuatro que anunciara el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, en materia de seguridad pública. Aún falta legislar sobre la Ley Orgánica policial y regular la seguridad privada.

Los ejes fundamentales del dictamen sancionado comprenden, entre otras innovaciones, la desaparición de las juntas de calificaciones. A partir de la reglamentación de la ley todos los ascensos se llevarán a cabo mediante concursos de antecedentes y oposición, por méritos y no por antigüedad, estableciéndose un tribunal que actuará al mejor estilo de un jurado académico.

En este orden, anoche varios legisladores coincidieron en afirmar que la movilidad por mérito hará que la fuerza sea más profesional porque estimulará el esfuerzo individual del policía, eliminando el favoritismo y los ascensos a discreción que se producen actualmente con las juntas. “Se va a terminar la recomendación y la dedocracia. Los aspirantes a ascensos serán calificados por su mayor capacidad”,sostuvo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, Mario Esquivel, quien fue el miembro informante en el recinto de un dictamen que terminó siendo aprobado por unanimidad en general y mínimas disidencias en lo particular.

Al hacer referencia al acuerdo alcanzado, Esquivel destacó que el proyecto tuvo “un análisis pormenorizado de la comisión, artículo por artículo, capítulo por capítulo, con importantísimos aportes de la oposición que permitieron que el mensaje del Ejecutivo haya sido superado y logrando que un tema tan sensible como éste salga por consenso”.

Dentro de la nueva ley se fijan no sólo los derechos para los 14 mil hombres y mujeres que integran la fuerza policial, sino también las disposiciones que hacen a la organización y servicio de la institución.

En primer lugar se establece un cuadro único de 10 grados en la escala jerárquica (hoy son 18) que con la ley aprobada se conformará de la siguiente manera: suboficial (actualmente agentes, cabos 1º y sargentos); oficial (sargento 1º, sargento ayudante, suboficial principal y suboficial mayor); subinspector (oficial ayudante y oficial auxiliar); inspector (oficial principal); subcomisario y comisario (igual que en la actualidad); subcomisario supervisor (comisario principal); subdirector (comisario inspector); director (comisario mayor) y director general (comisario general). A esta innovación jerárquica se suma el nuevo escalafonamiento que se unifica en cuatro categorías y que comprenderá los escalafones general, profesional, técnico y de servicios.

Respecto a los derechos de los policías, el artículo 27 de la nueva ley establece para el personal en actividad la asistencia médica y sicológica permanente y gratuita; la eliminación de todo tipo de discriminación, distinción o exclusión basada en motivos raciales, religiosas, de género, color o cualquier otro tipo; como así también la posibilidad de presentar recursos o reclamos o la notificación escrita de las causas que dieran origen a esa exclusión.

En cuanto a la carrera policial, la norma sostiene que el ingreso se hará por el grado inferior del escalafón correspondiente y después de que el aspirante haya cumplimentado los cursos de formación dictados por el Instituto Superior de Formación Policial (ISP) y obtener el título de auxiliar superior en seguridad. Por su parte, el personal del escalafón profesional ingresará por concurso y deberá acreditar título universitario.

También tiene la ley un apartado donde se determina el régimen de disponibilidad administrativa del personal, calificando las irregularidades cometidas como “leves y graves”, siendo éstas últimas las que atenten contra el orden constitucional, los poderes públicos o los derechos humanos.

En este orden, una de las innovaciones dentro del régimen de penas es que “todas las medidas disciplinarias llevarán la implementación de actividades del tipo de labor social o comunitaria, de reparación o integración”. Y en cuanto a los derechos de los sumariados, manifiesta que podrán “designar un defensor para todos los actos de procedimiento, el que deberá estar matriculado en la provincia”.

APROPOL PIDE PARTICIPAR EN LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO

Por su parte, y con respecto a la aprobación del proyecto, Miguel Zalazar, representante de la Asociación del Personal de la Policía Provincial indicó que los trabajadores estudiarán el proyecto que obtuvo media sanción ayer en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, Zalazar aclaró que “de los 28 diputados del partido justicialista, no más de 10 aprobaron el proyecto. Esto habla a las clara de algunos no tienen idea de lo que votaron, por eso hay que hacerle modificaciones”.

“Los trabajadores debemos opinar, queremos que haya un posibilidad de expresión” finalizó el delegado.