MEDIA SANCIÓN DEL SENADO PARA EVITAR EL REMATE DE BIENES FABRILES EN EL SUR

Cañada Rosquín, tantas veces nombrada porque allí nació León Gieco, esta vez es noticia porque de las necesidades de una cooperativa de trabajo de la que dependen 65 familias se han ocupado los miembros de la Cámara de Senadores, que dieron media sanción a un proyecto de ley para cuidar la unidad de los bienes para la producción de una fábrica de jabones y detergentes que cayó en la debacle industrial de fines de los ’90.

La planta de producción de la empresa Sociedad Argentina Graso y Derivados SA de Cañada Rosquín -como ocurrió antes con otros cuatro casos similares-, puede quedar a salvo del martillo si la iniciativa del senador Daniel Depetris (PJ- San Martín) prospera en Diputados.

Antes, por sendas Cámaras pasaron por la agenda de los legisladores santafesinos cuatro emprendimientos laborales de autogestión, que surgieron por el abandono de las responsabilidades patronales de sus propietarios originales o la caída de estas firmas en procesos de quiebra. Depetris recordó en la sesión del jueves pasado casos similares en los que se recurre -o ya se han sancionado- leyes que también buscan dejar a salvo a empresas, como con Electromecánica Barracas, Supermercado Tigre, Frigorífico Fernarolo de Santa Isabela, y una fábrica de pastas de Rosario.

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Decisión
El artículo primero declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación el uso temporal de los inmuebles ubicados en la localidad de Cañada Rosquín, en el departamento San Martín, propiedad de la empresa Sociedad Argentina Graso y Derivados SA (SAGYD SA)”, de acuerdo con la ley N° 7.534 (de expropiación) y sus modificatorias (como la 12.167 que permite la figura del uso temporal).

El segundo habla de los bienes necesarios para la producción fabril: las maquinarias, herramientas y demás bienes muebles y accesorios “para la continuidad de la explotación por parte de la Cooperativa de Trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada”, que está inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).

Depetris recordó que los trabajadores que recuperaron la fábrica no lograron un acuerdo con el síndico que tiene a su cargo el proceso de quiebra y defendió la decisión política de colaborar con la cooperativa. El último artículo autoriza al Ejecutivo a adecuar el presupuesto vigente para afrontar los gastos que demande el cumplimiento de la expropiación.

Subsidios sin transparencia
El diputado provincial Héctor Jullier consideró alarmante la falta de información con respecto a la entrega de subsidios en la provincia. “Se habla del derecho a la información, pero el gobierno entrega subsidios con total oscurantismo, para apuntalar el clientelismo y la dependencia de municipios y comunas del Ejecutivo”, expresó.

El legislador del Partido Demócrata Progresista presentó un pedido de informes solicitando el detalle de los subsidios entregados por la gobernación de Santa Fe durante los años 2004, 2005 y 2006. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha remitido la información a la Cámara de Diputados.

“Es imprescindible conocer el detalle informativo de los beneficiarios y de los montos adjudicados durante el tiempo de gobierno actual. La información de los actos de gobierno, máxime cuando son direccionales, constituye una necesidad y una obligación para todos los que ejercen funciones de control y verificación”, expresó Jullier.

“La provincia debe detener la arbitrariedad en los manejos de los fondos del Estado. Éste es un reclamo de todos los sectores sociales, que no puede ser postergado más”, indicó el legislador del Bloque Demócrata Progresista.

El diputado Jullier también se refirió a la dependencia del gobierno central, que genera la entrega de subsidios a municipios y comunas. “Los municipios y comunas cada vez tienen menos recursos, por el recorte de la coparticipación. El gobierno intenta aparecer como benefactor con la entrega de subsidios, cuando, en realidad, se queda con los fondos de los municipios. Ésta es una muestra clara del clientelismo como sistema”, sostuvo el legislador.

Para concluir, destacó que “en esta provincia la discrecionalidad ha sido la norma durante años. La falta de balances en entes descentralizados pero, sobre todo, el manejo secreto de la entrega de los subsidios, que generalmente recae en personas y entidades afines al oficialismo, debe terminar, si pretendemos mejorar definitivamente el gobierno de las instituciones republicanas”, sentenció.