MÉDICOS AUDITORES RECLAMAN UNA DEUDA DE 3 MILLONES AL IAPOS

Un grupo conformado por más de cuarenta médicos auditores del Iapos le reclama a la obra social provincial una deuda por sueldos presuntamente mal liquidados a partir de 1990, cuyo monto global superaría los tres millones de pesos. El planteo relacionado con los salarios derivó en una causa penal que ahora está en manos del juez de Instrucción, Rubén Saurín, quien este viernes tiene previsto tomar declaración a personas que ocuparon cargos directivos en el organismo durante los últimos años.

En este sentido, el abogado Carlos Héctor Parodi pide a la Justicia que investigue la posible comisión de delitos tales como abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, retención indebida, estafa procesal y falsedad ideológica de instrumento público.

Entre los que podrían pasar por Tribunales para declarar en este caso figuran María Inés Insaurralde, Carlos Frigeri, Silvia Brascó y Rubén Pereyra.

En el Iapos existen dos categorías de personal. Unos, los que están regidos por la ley del empleado público. Otros, conformado por los médicos auditores que están amparados por la ley de sanidad N° 9.282. Las remuneraciones y los regímenes laborales son diferentes.

Según Parodi, el 25 de enero de 1990 se firmó el decreto 168 que otorgaba a estos médicos un incremento de $ 492 en sus haberes. El 3 de agosto de 1992, otro decreto establecía una asignación mensual extra de 180 pesos.

Ya en 1991, los médicos auditores presentaron un recurso de amparo ante la Justicia laboral para que se les pagara según lo establecido en la ley de sanidad. En aquel momento lograron su objetivo, y recibieron los haberes reclamados por el período comprendido entre abril de 1990 y abril de 1991.

Pero a partir de entonces, las liquidaciones volvieron a realizarse de la misma manera en que se otorgaban antes del amparo.

JUSTICIA LABORAL

En 1997, el tema llegó otra vez a la Justicia. Fue entonces cuando desde el Juzgado Laboral N° 2 se les volvió a dar la razón a los médicos, y el Iapos les abonó la deuda que oscilaba entre los $ 5 y los 9 mil, según el caso específico de cada profesional.

Incluso el 21 de mayo de 1997, Fiscalía de Estado emitió un dictamen en el que planteaba que debía aplicarse la ley de sanidad N° 9.282 al pagar los haberes a estos médicos, lo que fue confirmado por la Cámara de Apelaciones a raíz de un planteo del Iapos.

Un año después, Jorge Obeid -en su primera gobernación- dictó el decreto 2.312 en el cual se reconocía a los médicos lo que venían reclamando. “De allí en adelante el Iapos debió regularizar la situación, pero volvió a incurrir en el mismo problema”, aseguró el abogado Parodi.

En el expediente de la denuncia penal aparecen los dictámenes del perito contable designado por la Suprema Corte de Justicia y otro elaborado por un perito de parte, los que coinciden en señalar que las liquidaciones estuvieron mal realizadas porque no se tuvieron en cuenta los decretos vigentes.

Por su parte, el expediente administrativo siguió su curso y existiría un dictamen favorable de la Secretaría de Trabajo que en este momento se encuentra en manos de Fiscalía de Estado.