MEDIOS: CUESTIONAN LOS CAMBIOS A LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA

La atávica alianza oscurantista entre el secreto y el poder, encuentra en las democracias modernas un antídoto: la Ley de Acceso a la Información Pública.

Efectivamente hay 61 países en el mundo que tienen respectivamente una ley de Acceso a la Información Pública. En la Argentina todavía no rige, aunque es una cláusula constitucional. ¿Cuál es el espíritu de esa ley que aspira a ser universal? Legitimar jurídicamente el derecho que tienen todos los ciudadanos a requerir información en manos del Estado y a obtenerla. En todos esos países, desde Bulgaria, hasta Australia o los Estados Unidos, es el Estado, y los organismos que de él dependen, quienes están legalmente obligados a suministrar los datos que cualquier persona solicite, por ejemplo en relación a la utilización de los fondos públicos.

En un seminario que comenzó ayer y culmina hoy en Buenos Aires, se oyeron voces contrarias a las modificaciones introducidas por los senadores al proyecto inicial de la ley que aún está en tratamiento en el Congreso. La ley que todavía se discute y, prima facie obliga al Estado la rendición de cuentas, cambió tras la propuesta de incluir en el mismo imperativo al sector privado. El sector privado es auditado permanentemente por el Estado, pero éste no lo es por el pleno de la ciudadanía.

El encuentro fue organizado por la Embajada Británica, las ONG argentinas CIPPEC y ADC y la Open Society Justice Initiative. Asisten entre otros, Lena Hjelm-Wallen, ex vice primer ministro de Suecia y Helen Darbishire, experta de la Open Society Justice Inititative y una de las autoras de la ley de Bosnia. Justamente fue ella quien manifestó ante Clarín que “incluir a las empresas privadas en la ley de acceso a la información está en contra de los estándares internacionales de derechos humanos y puede ser una violación a los derechos de las empresas privadas”. Mientras tanto el proyecto sigue en danza y sin aprobarse y la Argentina continúa todavía sin ley de transparencia.