“MEJORAR LA JUSTICIA ES UN DEBER DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO”

“No estamos tratando de ocultar nada. Lo que queremos es que los jueces puedan soltarse y discutir con amplia libertad, para arribar a las conclusiones que todos van a poder conocer esta noche”. Lo primero que hizo el ministro de la Corte nacional, Ricardo Lorenzetti, esta mañana, en un improvisado encuentro con el periodismo, fue salir al cruce de las críticas por la restricción del acceso a los paneles de la Conferencia Nacional de Jueces, que desde ayer se realiza en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, para discutir la relación de los magistrados con la sociedad, su independencia, ética y capacitación. Y, precisamente, su vínculo con los medios de comunicación.

En el marco del diálogo -al que no quiso otorgar categoría de “conferencia de prensa”-, Lorenzetti aludió a los dichos del ministro de Justicia de la Nación, Alberto Iribarne, que en el acto de apertura de anoche instó al auditorio, compuesto casi íntegramente por magistrados, a “mejorar la imagen de la Justicia”.

“Este es un desafío que se construye todos los días, sin golpes de efecto, ni por decreto y evitando las declaraciones altisonantes. Es un proceso que se va cumpliendo cuando se administra justicia en los tiempos adecuados y así se recupera la confianza perdida”, planteó Iribarne.

Organizar el poder
El planteo quedó sin respuesta en aquel acto, ya que la exposición del presidente de la Corte, Enrique Petracchi, estuvo centrada en el tema “Los derechos humanos” y no incluyó allí ninguna referencia al temario de los paneles y comisiones, ni a los dichos del funcionario.

Fue Lorenzetti el encargado de manifestar su coincidencia al respecto, aunque con una aclaración importante: “Nosotros sostenemos que hay que mejorar la imagen de la Justicia. Estamos haciendo un gran esfuerzo para eso. Estamos tomando decisiones muy importantes en la reorganización de la Corte Suprema, estamos convocando a los jueces. Pero ésta es una obra de todos. Nosotros estamos dando este paso. Pero cuando uno dice: `la justicia tiene que ser más rápida’, se requiere inversión, y eso es un problema de los Ejecutivos, provinciales y nacionales. Y ahí uno ve que realmente la justicia no tiene la tecnología, los recursos.

“Entonces, tenemos que tener un diálogo maduro, de poder a poder. Y decir, si realmente todos estamos de acuerdo en que se tiene que ser más rápido, bueno, hagan la inversión. Lo mismo en el plano legislativo. Se necesitan reformas procesales, en las provincias y la Nación. La justicia más ágil implica oralidad. Y la oralidad requiere más jueces. Y eso significa más recursos, más tecnología. Entonces, estamos dispuestos a hacer un gran esfuerzo, es nuestro deber. Pero también es nuestro deber decir que todos los poderes deben hacerlo, y la sociedad entera también”, expuso.

Lorenzetti dejó en claro también que el propósito del inédito encuentro que se realiza en nuestro medio -con una convocatoria que, según dijo, excedió ampliamente la idea inicial- no se agota en lo declarativo sino que pretende arrojar “propuestas concretas” y convertirse en el punto de inicio de un trabajo permanente y orgánico.

“Queremos organizar al Poder Judicial, para que sea un verdadero poder del Estado, que sea fuerte y que de esa fortaleza devenga la independencia. Y de esa fortaleza y de esa independencia surja lo que la gente necesita: un Poder Judicial accesible, enfocado a los problemas humanos”, remató.

“Nuevo rumbo”
Precisamente, la garantía de independencia del Poder Judicial, tema de uno de los paneles y también de las inquietudes manifestadas fuera de micrófono por muchos magistrados que se sienten presionados en sus provincias, fue definida anoche como “una política central del gobierno nacional”. Y, aunque omitió referirse a las vacantes en la Corte, tema con el que se cruzó a través de los medios con Petracchi -ver nota relacionada-, Iribarne manifestó el orgullo del Ejecutivo por las incorporaciones producidas en el Tribunal que, sumados a los jueces que quedaron de la anterior composición, le otorgan un rango “de excelencia, para marcar un nuevo rumbo en la política judicial”.

Iribarne concluyó formulando una categórica defensa de las reformas al Consejo de la Magistratura, duramente criticadas por la oposición política y por los representantes de los abogados -que también participan del encuentro- y sobre las cuales los jueces no se han manifestado en público.

“Estoy seguro de que a fin de año, con la nueva composición y forma de funcionamiento, en los hechos se van a desmentir todas las críticas”, aventuró el ministro de Justicia.

Derechos y deuda
El acto de ayer comenzó con breves palabras de bienvenida del rector de la UNL, Mario Barletta, quien destacó la relación ínsita entre formación académica y calidad en la prestación del servicio de justicia, como factor que sustenta la elección de ese ámbito para el congreso.

Petracchi, por su parte, expuso que los derechos humanos -cuya recepción en el derecho internacional reseñó previamente- “no tienen sentido si no se tiene seguridad, educación básica, y si hay hambre”. Y consideró, a la vez, que “debe haber memoria, convivencia y verdad” para que una sociedad tenga verdadera fortaleza institucional y construya la paz sobre la base de la justicia.

El magistrado también aludió a la relación entre derechos humanos y deuda externa. Y, en función de los pactos suscriptos, definió que “la Argentina se halla obligada, por el orden jurídico constitucional e internacional, a oponerse a toda pretensión del Fondo Monetario Internacional que, directa o indirectamente, pretenda llevarla a no respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos”.

Cruce por las vacantes en la Corte Nacional
La Conferencia Nacional de Jueces fue el inesperado escenario para un cruce entre el presidente de la Corte, Enrique Petracchi y el ministro de Justicia de la Nación, Alberto Iribarne. Exactamente en los mismos términos en que lo había hecho horas antes su colega Raúl Eugenio Zaffaroni -explicando las dificultades para obtener mayoría de cinco cuando sólo quedan siete miembros de los nueve-, Petracchi consideró, en declaraciones periodísticas, que el gobierno de Néstor Kirchner debería completar los cargos vacantes en el máximo tribunal o bien propiciar una ley que reduzca a siete el número de ministros del cuerpo.

Iribarne replicó que el gobierno “considera que no es oportuno completar la Corte Suprema en este momento ni propiciar una ley para la reducción del cuerpo a siete miembros”.

“Debería completarse la Corte, o que mediante una ley se disponga que tienen que quedar siete miembros” en lugar de los nueve cargos existentes en el supremo tribunal desde los ’90, sostuvo Petracchi.

Iribarne consignó “inoportuna” tal medida y apuntó que “es resorte del Parlamento impulsar la sanción de una ley” para una eventual reducción de miembros.

Ante las observaciones acerca de que están vencidos los plazos para normalizar el alto tribunal, Iribarne respondió que “hubo una autoimposición del Poder Ejecutivo a través de un decreto -222/2003- con relación a la limitación del tiempo para proponer jueces”, pero aseguró que cualquier inconveniente al respecto “se puede subsanar con un nuevo decreto, en caso de ser considerado necesario”.

Encuesta
El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) difundió hoy una encuesta según la cual “el 89 % de los jóvenes confía poco o nada en la honestidad de la Justicia”. No obstante, reconocieron que la última medición del índice muestra un 7 % de ascenso en la “confianza de la opinión pública” -en marzo de 2006 alcanzó el 50,1 en una escala de cero a cien, mientras que, en noviembre, ese valor fue del 46,7-, pero las cifras “en cuanto a su eficiencia, honestidad e imparcialidad siguen siendo alarmantes”.