MENDOZA: IMPIDEN EL ABORTO DE LA DISCAPACITADA QUE FUE VIOLADA

Una acción de amparo ante la Segunda Cámara Civil y Comercial de la Justicia mendocina frenó el aborto a la joven discapacitada mental de 25 años que quedó embarazada producto de una violación. La familia de la chica, que tiene 12 semanas de embarazo, recurrirá a la Suprema Corte de la provincia para que resuelva el caso.

El amparo había sido presentado el jueves por la organización VITAM, integrada por fieles de la Iglesia Católica, por considerar que se atentaba contra la vida del niño por nacer. El viernes, el juez de Familia Germán Ferrer había autorizado el pedido de aborto de la madre de la discapacitada, enmarcado en el artículo 86 del inciso 2 del Código Penal, que establece que un aborto es legal cuando “proviene de una violación cometida sobre una mujer idiota o demente”. En este caso, el cuadro se complica porque la chica ingiere medicamentos para evitar las convulsiones que le provoca el síndrome epileptiforme que padece (llamado de Lennox-Gastaut) y este fármaco causaría malformaciones del feto.

La familia esperaba hasta el domingo que la operación se realizara en el Hospital Militar, donde era atendida la chica, pero ante la falta de una posición de los médicos de ese centro asistencial había decidido aceptar el ofrecimiento del Ministerio de Salud de Mendoza para intervenirla en un hospital público. El aborto estaba previsto para ayer en el hospital Lagomaggiore, de la capital mendocina. Cinco minutos antes de la medianoche del domingo la intervención fue paralizada cuando ingresó a la Casa de Gobierno de Mendoza la notificación que daba lugar al amparo. En ese momento, el grupo de organizaciones católicas VITAM y Vida Más Humana mantenían una reunión con el ministro de Salud, Armando Calletti, por un pedido de los manifestantes al gobernador radical Julio Cobos, de quien obtuvieron un pronunciamiento personal contra la despenalización del aborto. El gobernador intentó remediar el impacto público de sus declaraciones y dijo a Clarín: “Este caso tiene un encuadre legal en el que no quiero interferir. Serán los médicos los últimos que decidan.”

La Provincia esperará a que la jueza Gladys Delia Marzala, que dictó la medida de no innovar, analice la cuestión de fondo del amparo.

La abogada de VITAM, Laura Giunta, explicó que la entidad defiende la vida desde el momento de la concepción, como establece el Pacto de San José de Costa Rica. Admitió que este caso se encuadra sólo en el inciso 2, que habla de la mujer idiota o demente producto de una violación, pero que no está comprobado que corra peligro la vida de la madre, como está tipificado en el inciso 1 del artículo 86. “Los remedios que toma son drogas que se les dan a las mujeres epilépticas. Si el embarazo está bien cuidado se puede salvar la vida de los dos”, aseguró la abogada.

Aunque no se difundieron los fundamentos de la decisión judicial, el abogado de la familia, Diego Lavado, dijo que es una medida de no innovar sólo para los hospitales públicos. La familia está convencida de que tendrá que apelar a la Corte provincial, como última vía judicial. Además, Lavado anticipó que recurrirá al propio presidente Néstor Kirchner para hacerla en cualquier hospital público nacional, si finalmente en Mendoza no puede hacerse la operación

Todo comenzó cuando la joven discapacitada fue trasladada por su madre al Hospital Militar, el 7 de agosto, para hacerla atender por atraso menstrual. Los médicos comprobaron que presentaba una gestación de diez semanas. La madre, que sospecha del entorno de la escuela donde concurría su hija, denunció el hecho en una comisaría y la fiscalía de turno pidió a los médicos del Hospital Militar que le practicaran un aborto por su discapacidad, que hasta ahora le fue negado.

La intervención iba a hacerse en un hospital público. Pero los integrantes de las ONG VITAM y Vida más Humana apelaron a la Justicia y fueron a la casa del gobernador con una escribana, quien labró un acta donde se dejó constancia de las medidas legales que tomarán contra los médicos y funcionarios de concretarse la operación. Si en última instancia la Justicia resuelve a favor de la familia, la decisión final será de los médicos. Estos pueden ampararse en una cláusula de su código de ética que deja a “libertad de conciencia” la actuación en estos casos.