MENEM, PROCESADO Y A PUNTO DE ASUMIR UNA BANCA, YA DIVIDE AL SENADO

Hace exactamente 4 años, el 20 de noviembre de 2001, Carlos Menem, quien cumplía prisión domiciliaria, quedó en libertad tras una decisión de la Corte Suprema que invalidó el cargo de asociación ilícita por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Hoy, el ex presidente está a punto de sentarse en una banca en el Senado —que ganó en las últimas elecciones— y, a la vez, muy cerca de ir a juicio oral por otra causa.

Así podría darse un caso único en la historia de la democracia: el de un senador en funciones sentado en el banquillo de los acusados, por una imputación sobre hechos de su gestión presidencial entre 1989 y 1999.

Sucede que esta semana, la Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento de Menem por haber omitido su cuenta suiza y otros bienes en sus declaraciones juradas y ordenó al juez Norberto Oyarbide que acelere la elevación del caso a juicio oral.

Menem asumirá en el Senado el 10 de diciembre y posee fueros parlamentarios, según la Constitución, desde el momento en que fue electo. Los fueros lo protegen de ser detenido otra vez. Pero como el delito que se le imputa es excarcelable, es improbable que comience una discusión por este tema, aun en el caso de que se lo encuentre culpable.

Sin embargo, la polémica que comenzó en voz muy baja entre los legisladores es si corresponde tener en el Senado a alguien que está procesado y eventualmente condenado. Es más, sentado frente a jueces en un juicio cuyas imágenes seguramente darán la vuelta al mundo.

Técnicamente, puede suceder: la nueva ley de fueros, aprobada en el año 2000 en pleno proceso por los presuntos sobornos en el Senado, dice que los legisladores pueden ser procesados e indagados por los jueces, a quienes sólo les está vedado mandarlos a detener (si esto correspondiera, la Justicia debe enviar un pedido de desafuero a la Cámara respectiva).

“En ningún momento quedó en discusión el ingreso de Menem. Es más, ya se habló de asignarle el despacho que ocupa su hermano Eduardo”, le dijo el miércoles a Clarín el senador Miguel Pichetto, jefe de bloque del PJ, para impedir cualquier especulación sobre el futuro de Menem. En ese momento se acababa de conocer la noticia de que la Cámara Federal había ratificado el procesamiento.

Pero la posibilidad de impedir el ingreso de Menem da vueltas como un fantasma, porque aún no se evaluaron los efectos que el juicio pueda tener sobre la actuación del imputado como senador y sobre la imagen del Senado.

Tampoco se sabe qué interpretación harán los jueces sobre los fueros. No es lo mismo procesar a indagar que comenzar un juicio oral, con la posibilidad inmediata de una condena.

Desde el costado del Senado, todo depende de una decisión política. Porque aunque técnicamente, dicen, será posible ver a un senador sentado en el banquillo, políticamente se le puede imputar “inhabilidad moral” para desempeñar el cargo y separarlo de la Cámara.

Hay antecedentes de eso: Angel Luque en los 90 —por el crimen de María Soledad Morales—, Antonio Bussi, Raúl “Tato” Romero Feris y, este año, Raúl Ochoa, el puntano condenado por votar dos veces en su provincia y que fue suspendido hasta el fin de su mandato.

El artículo 66 de la Constitución dice que cada Cámara “podrá, con dos tercios de los votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta (…) o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviviente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno”.

Menem, quien ahora está en Chile con permiso judicial para festejar el segundo cumpleaños de su hijo Máximo, está al borde del juicio oral, como ya se dijo. Pero debate de fondo sobre la banca que ganó el mes pasado aún no comenzó.