MESA LE DA LA ESPALDA A LA CUMBRE NACIONAL
El gobierno descartó acudir a un diálogo con los sindicatos en busca de acuerdos sobre la ley de hidrocarburos y pactar una tregua para suspender los bloqueos en una ruta principal que une las regiones más importantes.
“No me rindo ante la posibilidad de buscar un diálogo exitoso con Evo Morales y cualquier dirigente social”, había dicho anoche Mesa en un programa de televisión. Pero minutos después, el Ministerio de la Presidencia, informó que el mandatario no participará de la llamada “cumbre social” porque “sectores representativos” no estarán en ese encuentro convocado por el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).
A la reunión programada para esta tarde en Cochabamba, también fueron invitados Evo Morales; el líder de los campesinos, Felipe Quispe; y el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, quienes defienden a su proyecto de cobrar el 50% de ragalías a las petroleras, propuesta que para el gobierno “haría inviable” la ley.
Tampoco participará del encuentro la Iglesia Católica, habitual mediadora en los conflictos sociales. Pero la inasistencia del mandatario fue calificada como un “sabotaje” por Sacha Llorenti, de la APDHB. “Es una decisión equivocada del Presidente”, dijo el alcalde de La Paz, Juan del Granado, un aliado del mandatario.
En su lugar Mesa se reunirá con dirigentes políticos, sus nuevos aliados en el Congreso, para afinar el proyecto de ley de hidrocarburos que esta semana podría aprobar la Cámara de Diputados.
La semana pasada, los principales partidos, excepto el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, respaldaron a Mesa en el Congreso después de rechazarle la renuncia. Pero ese acuerdo desagradó a los sindicatos que calificaron la alianza como un “derechización” del gobierno.
En tanto, el corte de rutas se agravó en el Chapare, al centro de Bolivia y reducto político de Morales donde más de mil vehículos están varados desde la semana pasada por el corte de rutas de los cocaleros. La batalla política está centrada en los beneficios que debe percibir Bolivia por sus hidrocarburos, cuya reserva es la segunda de Sudamérica.
Los sindicatos exigen que se cobre el 50% de regalías, mientras el gobierno propone cobrar 18% de regalías y 32% de impuestos. Esas dos posturas mantiene divididos a los bolivianos en una polarización de fuerzas que impide un clima de paz social.
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