MÉXICO AFRONTA TENSIÓN POSTELECTORAL Y CRECIENTE NARCOVIOLENCIA
El académico Gustavo Gutiérrez manifestó que pese a que no hay una “relación directa” entre la controversia por la impugnación de los comicios del 2 de julio y el aumento de la violencia, es necesario que el Estado “envíe señales de solidez para contrarrestar la percepción de los criminales de que no hay quién los detenga”.
“Los narcotraficantes creen que pueden actuar mejor en un escenario de unas instituciones débiles y de unos dirigentes políticos distraídos en la disputa por el poder”, declaró Gutiérrez, profesor de Ciencias Políticas en varias universidades mexicanas.
La violencia atribuida a los traficantes y secuestradores, que este año ha dejado más de 1.000 muertos en todo el país, se ha recrudecido en Ciudad de México, Acapulco (sur), Tijuana (frontera con los EE.UU.) y otras localidades, en medio de temores de que el crimen esté fuera del control.
“Ciertamente, se nota un incremento de la ola de crímenes, pero este fenómeno es atribuible a la debilidad y tolerancia de ciertas autoridades, y no tanto a la situación postelectoral”, dijo el investigador Rafael Fernández de Castro, experto en asuntos políticos y de seguridad.
Fernández de Castro, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), afirmó que, en todo caso, “el país vive una situación difícil” con una clase política que libra batallas por el poder y los narcotraficantes rivales que tratan de controlar pueblos y ciudades a sangre y fuego.
El analista Guillermo Tenorio, de la privada Universidad Panamericana, opinó que existe el temor de que los delincuentes organizados “quieran aprovechar la distracción de los líderes políticos para pescar en río revuelto”.
Los tres comentaristas coincidieron en que la situación postelectoral marcha “por el carril de las instituciones”, si bien luce “tensa por el ‘ruido político'” y los llamados del candidato izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, a realizar “acciones de resistencia civil pacífica”.
López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), impugnó ante la justicia los resultados de los comicios con el argumento de que el 2 de julio hubo un fraude que favoreció al candidato oficialista Felipe Calderón, ganador del escrutinio coordinado por el autónomo Instituto Federal Electoral (IFE).
Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN, conservador), al que pertenece el presidente Vicente Fox, aventajó en 243.934 votos (0,58 puntos porcentuales) al candidato de izquierda.
López Obrador exige al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) efectuar un recuento “voto por voto” de los comicios, a fin de demostrar, según él, que Calderón ganó debido a “múltiples irregularidades registradas antes, durante y después” de los comicios.
El líder izquierdista pidió el lunes a Calderón, a través de una carta, que acepte el recuento a cambio de no convocar a más manifestaciones callejeras, pero el candidato del PAN le respondió que esa decisión compete exclusivamente al TEPJF.
La Corte tiene hasta el 31 de agosto para resolver las quejas y hasta el 6 de septiembre para señalar al presidente electo, que deberá tomar posesión el próximo 1 de diciembre para un mandato de seis años.
Fox hizo hoy un nuevo llamado a cuidar las “instituciones”, la “competitividad”, la “fortaleza económica” y el “trabajo de todos los mexicanos en la construcción de esta gran nación”, durante una gira por el central Estado de México.
El portavoz del mandatario, Rubén Aguilar, negó hoy que en México haya un “conflicto postelectoral” y rechazó que se nombre a un mandatario interino, tal como sugieren algunos comentaristas que también mencionan la posibilidad de que el TEPJF anule los comicios y, en consecuencia, el supuesto triunfo de Calderón.
Aguilar aseguró el viernes pasado que la violencia atribuida a los narcotraficantes y secuestradores desafía la seguridad pública del país, pero no pone en riesgo la seguridad nacional ni rebasará al Estado mexicano.
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