México: Avanza la intervención de las FFAA en seguridad pública

La Cámara de Diputados de México aprobó anoche la Ley de Seguridad Interior (LSI) que regula la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y la envió al Senado para su análisis y ratificación.

La norma fue aprobada con 215 votos a favor, 101 en contra y cuatro abstenciones, un día después de que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, le pidiera al Congreso atender con urgencia esta iniciativa para darle certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad.

Las Fuerzas Armadas asumieron tareas de seguridad pública durante la última década desde que salieron a las calles en el marco de la guerra contra las drogas emprendida por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

La nueva ley destaca que su aplicación le corresponderá a las fuerzas estatales y federales y que sólo “cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas”.

Además, determina que toda intervención de fuerzas federales y armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no excederá de un año y únicamente podrá ser extendida por acuerdo presidencial si subsisten las amenazas que la motivaron, reseñó la agencia de noticias EFE.

La ley precisa que las movilizaciones de protesta social o de carácter político-electoral “que se realicen pacíficamente” bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.

Los legisladores del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) defendieron el proyecto argumentando que representa una “respuesta idónea” a los nuevos y complejos escenarios de inseguridad que hay en el país.

Por el contrario, los diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Morena y Movimiento Ciudadano rechazaron el dictamen al considerar que “avala la militarización” del país al otorgar autonomía a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Esta semana, durante la inauguración de instalaciones militares, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que desde hace tiempo la Ley de Seguridad Interior “dejó de ser una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad”.

La ley establece un plazo de un año para que el Ejército permanezca en las calles, mientras se avanza en la profesionalización de los cuerpos policiales mexicanos.

La sanción de la ley, ahora en manos del Senado, suscitó el repudio de 11 organizaciones internacionales que la condenaron por sentar “un precedente sumamente negativo”.

“Aprobar la LSI o formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país sentarían un precedente sumamente negativo en América Latina”, señalaron las organizaciones firmantes, entre las que se encuentra la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para las ONG, la ley “levanta serias y fundadas preocupaciones” y “pondría en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos que han sido aprobadas en México”, tales como la reforma del sistema penal acusatorio del 2008, la reforma de derechos humanos del 2011 y la reforma del 2014.

Los detalles del acontecer legislativo a continuación en @NoticiaCongreso le tenemos la información del trabajo en @Mx_Diputados en torno a la ley de #SeguridadInterior pic.twitter.com/dEhYIwih6F

— Noticias Congreso (@NoticiaCongreso) December 1, 2017

Ésta última logró restringir el alcance del fuero militar estableciendo la investigación y el juzgamiento por parte de la jurisdicción civil de violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas en contra de civiles.

“Tener al Ejército en las calles es tener a un cuerpo castrense que no está capacitado para ejercer funciones de seguridad pública”, lamentó Tania Reneaum, directora de AI.

En octubre de 2017, México registró una cifra récord de 2.371 homicidios, el mes más violento en dos décadas, según datos oficiales.

Además, el acumulado en lo que va de 2017 (20.878) ya supera el total de los asesinatos cometidos en 2016, lo que hace de este año el más violento desde que asumió el presidente Enrique Peña Nieto en 2012.

 

 

 

Télam