Milani negó ante el juez todas las acusaciones

Declaró, así, por voluntad propia ante el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, en una audiencia que duró dos horas. El jefe militar, que enfrenta denuncias por su actuación en La Rioja y en Tucumán entre 1976 y 1977, además de otros cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito, viajó a la capital riojana en avión militar, luego de pedir autorización al ministro de Defensa, Agustín Rossi.

Tanto el Gobierno como el Ejército mantuvieron un fuerte hermetismo sobre el contenido de la declaración de Milani, cuyo polémico ascenso a teniente general será tratado por el Senado el lunes . En un escueto comunicado, la fuerza informó que el jefe militar se presentó ante el juez "con la finalidad de ponerse a su total disposición, negando absolutamente los presuntos hechos que se le atribuyen a través de algunos medios de comunicación". El texto se refiere a las denuncias por la participación de Milani en la detención ilegal del ex preso político riojano Ramón Olivera .

Olivera, detenido durante cuatro años y medio durante la dictadura militar, acusó al jefe del Ejército de haberlo hostigado durante un interrogatorio judicial y haber encabezado un allanamiento a su domicilio, en el que se llevaron detenido a su padre, en marzo de 1977.

El testimonio de Olivera, quien dijo que Milani le recriminó su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), quedó registrado en el Informe de la Comisión de Derechos Humanos de La Rioja, conocido como el Nunca Más local.

También se le imputa responsabilidad al jefe del Ejército en la desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo, que según varios testimonios fue su asistente en el Operativo Independencia, en Tucumán, en 1976.

Milani conduce el área de inteligencia del Ejército desde 2007, cuando era coronel, y fue designado al frente de la fuerza por Cristina Kirchner el 27 de junio último. En medio de las denuncias y de su presentación espontánea ante el juez federal de La Rioja, el Senado considerará el lunes el pliego de su ascenso a teniente general, que requiere el acuerdo de la Cámara alta.

El antecedente más resonante de un jefe del Ejército en funciones que haya tenido que rendir cuentas a la Justicia fue el del teniente general Roberto Bendini, nombrado por Néstor Kirchner en mayo de 2003. Renunció luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia lo procesara por corrupción en septiembre de 2008, en una causa por manejo irregular de fondos cuando era jefe de la Brigada Mecanizada XI, de Río Gallegos.
El viaje

En la puerta del juzgado federal de La Rioja, frente a la plaza principal de la ciudad, familiares de desaparecidos esperaban al general Milani, quien ingresó en una camioneta y eludió a la prensa.

"Hay nuevos testimonios y queremos que se incorporen a la causa de Alberto Ledo. Que todos los responsables del terrorismo de Estado tengan juicio y castigo", reclamó Lucila Maraga, familiar de una de las víctimas. "Hubo una cadena de responsables. Los jefes máximos están cumpliendo condenas, pero hubo mandos intermedios. Si él tuvo que ver, tiene que decir qué hizo, a quién lo entregó y qué pasó con mi hermano", exigió Graciela Ledo.

Más allá del comunicado oficial, ante una consulta de LA NACION, voceros del Ejército se limitaron a decir que Milani "fue a negar todos los temas que le imputan en La Rioja: no tiene nada que ocultar ni esconder".

El caso Milani se reactivó en los últimas días, a partir de las denuncias de Olivera y su inclusión en el informe del Nunca Más riojano, además de las sospechas sobre el presunto enriquecimiento ilícito, difundidas en el programa Periodismo para todos, que conduce Jorge Lanata.

En el ámbito político, en tanto, siguieron las repercusiones por la situación comprometida del jefe militar, que se afianzó en los últimos años como el hombre fuerte de la inteligencia militar.

El diputado nacional Ricardo Alfonsín (UCR) afirmó que "el hecho de que esté sospechado de estar comprometido con la represión ilegal, de formar parte de los carapintadas, de realizar tareas de inteligencia interior prohibidas por la ley y de haber tenido un enriquecimiento ilícito es razón más que suficiente para que la Presidenta se abstenga de designarlo jefe del Ejército".

"El juez Ariel Lijo definió el Batallón 601, en un fallo, como una organización intrínsecamente criminal. Milani participó y eso lo hace responsable. Si no hay sobrevivientes que puedan dar testimonios es porque los detenidos eran desaparecidos, entre otras razones, para preparar la impunidad futura", declaró Myriam Bregman, candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, el senador kirchnerista Aníbal Fernández, desestimó las acusaciones. Afirmó que "no tienen sustancia" y las atribuyó a "comidillas típicas de la politiquería, previas a las elecciones". Si bien admitió que el general cuestionado debe responder a todas las objeciones que se realicen en el tratamiento del pedido de su ascenso a teniente general, el ex jefe de Gabinete no dudó al afirmar: "Yo me siento más que tranquilo de que se hicieron todas las evaluaciones" respecto de la actuación de Milani durante la dictadura militar..
El listado del Batallón de Inteligencia
El kirchnerismo difundió la inclusión de Milani

    El nombre de César Milani aparece entre los militares que integraron el Batallón de Inteligencia 601 entre 1976 y 1983, durante la dictadura militar, según el listado que en febrero de 2010 publicó la revista Veintitres, identificada con el kirchnerismo. El actual jefe del Ejército figura como teniente primero, el grado que lo habilitaba para realizar el curso de la especialidad en inteligencia, luego de sus primeros destinos como subteniente y, luego, teniente del Ejército.

    La revista presenta el listado como "documento histórico". Fue difundido en su momento por publicaciones y sitios cercanos al pensamiento del Gobierno e incluye los nombres de 4300 agentes civiles y militares que operaron en el organismo de inteligencia de la dictadura militar.

    La lista fue confeccionada por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, durante la gestión de Nilda Garré, y su difusión fue autorizada por el decreto 4/2010, firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.