MILLONES E IMPUNIDAD DE LA FAMILIA HAMMERLY

El cobro irregular, violando leyes y la Constitución provincial, de millonarios honorarios que superaron el millón de pesos-dólares, por parte de Angel Pierini, un familiar del actual candidato a gobernador Alberto Hammerly, designado por éste “asesor jurídico” de la Dirección de Vivienda durante la primera gobernación del ex corredor, es un emblema de la impunidad reutemista durante los ’90. A más de tres años de dictámenes del Tribunal de Cuentas que disponían sumarios e iniciación de acciones judiciales resarcitorias contra los implicados, el affaire “Intemec” sigue impune.

En plena feria judicial, enero de 1993, cuando todavía se desempeñaba al frente de la Dirección de Vivienda y Urbanismo (D.P.V.y U.) de la provincia de Santa Fe, el actual candidato a gobernador y hombre de mayor confianza de Carlos Reutemann, Alberto Hammerly, designó a través de un poder especial por medio de una escribanía particular al abogado y padre de su cuñado, Angel Pierini, con el presunto objeto de “defender los intereses de la provincia”, en un litigio que mantenía una contratista del Estado (Intemec S.A.), con la dependencia que estaba a cargo del hoy presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

La historia tiene más oscuros que claros, y está marcada por la concepción del poder reinante en Santa Fe desde la llegada, en 1991, del ex corredor automovilístico Carlos Reutemann.

Una contratista de la provincia –Intemec- se hallaba concursada y la DPV y U, a través de sus estamentos internos, había aconsejado la rescisión del contrato que la vinculaba con dicha sociedad anónima. Pero una medida cautelar, planteada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 9 de la ciudad de Corrientes, referida al expediente 405/92 “Intemec s/concurso preventivo”, desencadenó una serie de irregularidades administrativas, avaladas por la Dirección Provincial de Vivienda a cargo de Hammerly durante la primera gobernación del ex corredor, que terminaron costando al erario santafesino millonarias erogaciones en honorarios. Pagados a un familiar del hoy candidato a gobernador. Para llegar hasta esa “instancia”, se violaron disposiciones internas de la DPV y U, leyes y la mismísima Constitución de la provincia.

Pierini había sido contratado por el entonces director de Vivienda para desempeñarse en la repartición como “asesor jurídico”. Pero como en las mejores épocas del menemismo, “razones de urgencia”, invocadas por Hammerly, tras la medida de “no innovar” planteada en el juzgado correntino durante la feria judicial, permitieron a éste designar nuevamente a su familiar, a través de un poder concedido ante una escribanía particular, como “asesor” jurídico ah-hoc. Un “plus” más allá de la vinculación contractual con el Estado, que ya tenía. Esa fue la llave que permitió luego de varios años, a mediados de 1999, que Angel Pierini y su socio correntino José Lértora Lubary se alzaran con honorarios de $1.225.458,40, gracias a los servicios prestados en “la defensa” del Estado provincial frente a Intemec.

Lo cierto es que de acuerdo a la normativa vigente, Pierini jamás debería haber actuado como abogado particular en el caso. Situación que torna aún más irregular el cobro de los millonarios honorarios que terminó pagándole el Estado santafesino, en julio de 1999, cuando concluía la gestión de Obeid en el gobierno.

El artículo 82 de la Constitución Provincial; el artículo 3 del decreto 2634/63 y el artículo 3 inciso a) de la ley provincial 6270, establecen claramente que es la Fiscalía de Estado de Santa Fe el órgano encargado defender a la provincia. “Son funciones del Fiscal de Estado: Asesorar en materia jurídico legal al Poder Ejecutivo y representar a la provincia en todos los juicios y procedimientos judiciales en que la misma sea actora, demandada o intervenga como tercero o cualquier otro carácter”, plantea expresamente la ley 6720 en su artículo 3 inc a).

La misma Dirección de Vivienda podría haber actuado defendiendo los intereses provinciales, sin recurrir a “asesoramiento jurídico privado”. Ello se desprende claramente de una observación legal emitida por el Tribunal de Cuentas de la provincia, el 8-9-95. “…las costas originadas a favor de los letrados Dres. Pierini y Lértora Lubary, pudieron ser evitadas, máxime que conforme al decreto Nº 1131/75, la DPV y U cuenta con dependencias que ejercen la representación legal de la Dirección en los actos por ante autoridades judiciales, lo que hubiera evitado el pago de honorarios profesionales (dicha representación legal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, fue ratificada en la estructura aprobada por decreto 3965/94 – Anexo II). Inclusive, nunca debió obviarse la intervención de la Fiscalía de Estado…”.

A más de tres años de la resolución 406 de fecha 27-9-00, emitida por el Tribunal de Cuentas de Santa Fe, que aconsejó a la Dirección de Vivienda realizar un sumario interno tendiente a establecer las responsabilidades del caso, y la iniciación de acciones judiciales resarcitorias “ante la posible responsabilidad civil, patrimonial y profesional de los funcionarios de la DPV y de los apoderados externos que intervinieron en el proceso”, la impunidad y el silencio oficial parecen seguir reinando entorno al caso “Intemec”: Un verdadero emblema de la gestión pública del ex corredor, que seguramente habría derivado, en el marco de un gobierno republicano con división real de poderes, en el encarcelamiento de varios de los implicados en una “movida” que derivó en el cobro irregular de más de un millón de pesos-dólares. El “buen nombre” de Alberto Hammerly, uno de los arquitectos más oscuros del poder de Carlos Reutemann, permanece “intachable” por estos días, pese a lo que parece ser un tibio, progresivo e indeclinable retroceso del menemismo en la provincia de Santa Fe, tras la caída en desgracia del hombre oriundo de Anillaco.