MOCOVÍES DEL SUR SANTAFESINO PIDEN DEROGAR UNA LEY PROVINCIAL

Comunidades mocovíes del sur santafesino reclaman la derogación de la ley provincial sobre pueblos aborígenes porque consideran que no contempla sus necesidades y aspiraciones. Proponen que se forme un ámbito de diálogo y discusión para la sanción de una nueva disposición que adecue la legislación a las normativas nacional e internacional sobre el tema. Además, pidieron asistencia para mejorar las condiciones de vida de los indígenas residentes en la zona.

“Pedimos la derogación de la ley provincial 11.078 sobre los derechos indígenas y la sanción de una nueva legislación para nuestras comunidades”, explicaron Ariel Araujo y Tomas Catorí, portavoces del centro Ialek Lava’a -hijos de la tierra en lengua mocoví-.

La demanda fue presentada al gobernador Jorge Obeid en su reciente visita a Melincué. “Nos reunimos con él y le presentamos todas nuestras inquietudes y también las propuestas que tenemos”, explicaron.

Según los representantes de las comunidades mocovíes que en el sur provincial tienen su asiento Melincué, es urgente adecuar la legislación sobre los temas que los involucran. “Como pueblos indígenas, pedimos normas que nos permitan acceder a la seguridad jurídica que garantice la continuidad de nuestras culturas, así como de nuestros sistemas sociales, políticos, económicos y ambientales”, manifestaron.

La propuesta sostiene que la normativa santafesina debe ponerse en sintonía con la ley nacional 24.071, la cual pone en vigencia el Convenio 16, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. En la carta que le entregaron a Obeid también solicitaron “la suspensión inmediata de todo procedimiento administrativo tendiente a la reglamentación de la mencionada ley 11.078”.

Para los descendientes de los pueblos originarios, dicha ley provincial es atentatoria contra los derechos indígenas; más aún, consideran que es violatoria de los derechos humanos fundamentales.

“A esto ya lo denunciamos entre 1993 y 1996 a través de nuestro centro ante los organismos nacionales e internacionales”, relataron y puntualizaron que también entregaron al gobierno provincial copias de las notas que por el mismo reclamo enviaron en 1994 a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a la OIT.

Según Araujo, la ley 11.078 fue sancionada por la Legislatura santafesina en 1993 y no contempla las necesidades reales y las aspiraciones de los pueblos indígenas, por lo que solicitan su derogación.

“Pedimos que esto se tenga en cuenta ante una eventual reforma de la Constitución provincial y que se nos incluya en todo diálogo político que se haga a tal fin para que nuestros derechos sean contemplados”, sostuvieron.

Araujo explicó que el centro mocoví que integra elaboró el borrador de una propuesta de inclusión de los derechos indígenas en la Carta Magna provincial.

“Le entregamos una copia al gobernador para que desde el Ejecutivo se inicie un diálogo sobre este tema trascendental para la organización política de la provincia”, comentó en el marco de una asamblea que la comunidad realizó recientemente en Firmat y de la que también participaron representantes de Melincué, Alcorta, Carreras, Venado Tuerto y Murphy. La reunión realizada en Firmat tuvo entre otros objetivos “avanzar en la organización de nuestras comunidades”, relataron.

Además explicaron que en la oportunidad abordaron cuestiones históricas como el reclamo de tierras, proyectos comunitarios y relación con los municipios y comunas. Pero sobre todo enfatizaron lo que consideran temas de orden político, como la citada derogación de la ley 11.078, una nueva norma para los pueblos indígenas y una reforma constitucional que incluya sus derechos.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

En la actualidad, las comunidades mocovíes se rigen a través de un consejo comunal a través de una comisión de estructura convencional, un consejo de ancianos y una asamblea comunal como máxima instancia de organización, que está integrada por los jefes y jefas de las distintas familias. A su vez, cada una de las distintas comunidades forma parte del centro.

Según Araujo, que actúa como coordinador del Ialek Lava’a, todos tienen derecho a voz y voto pero siempre se busca el consenso y que como las comunidades no cuentan con vida económica propia porque son unidades urbanas ellos se integran realizando distintos tipos de trabajo en cada una de las localidades.

Entre los principales problemas, además de la subsistencia, está el de la vivienda. Al respecto dijo que ya se lograron varias casas del Programa de Emergencia Habitacional. Así, las comunidades Kotapik (quebracho) y Noagué Noa Nonot’i (todos los vientos), recibieron 16 y 8 unidades habitacionales, respectivamente, mientras ya están en ejecución otras 16 para Kamikai’a (somos todos hermanos).