MONITOREO CONTRA LA TORTURA

El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarollo, anunció en Rosario la “puesta en práctica de un instrumento internacional que ha suscripto la República Argentina: el Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, que establece un sistema de monitoreo a nivel nacional e internacional de todo los lugares de detención, tanto nacionales como provinciales que dependan de todas las fuerzas y que incluyan a todos los lugares de encierro, como los hospitales psiquiátricos”.

Al recordar que Argentina es el primer país federal del mundo y el primero de la región en haber ratificado hace un año este protocolo, apostó a que la provincia de Santa Fe haga lo propio y adhiera -ley provincial mediante- a la iniciativa.

En este sentido, Gabriela Durruty -abogada miembro del Centro de Derechos Humanos- ha presentado un proyecto de ley para que la Santa Fe adhiera al protocolo y conforme los dos comités en el ámbito de la provincia.

“Para esto se necesita una ley provincial, por lo cual le pedimos al gobernador que la presente como un proyecto del Poder Ejecutivo”, explicó Durruty.

De igual modo, el subsecretario nacional agregó que “ahora nos hemos comprometido ante el Comité de Naciones Unidas contra la tortura ha implementarlo y establecer los mecanismos nacionales. Esto significa que va haber visitas a todos los lugares de detención incluso a las comisarías donde sabemos que se cometen abusos y hay actos arbitrarios. Esto es fundamental”.

–El de los menores en lugares de detención es un tema sensible sobre todo en el último tiempo en Santa Fe. ¿Cuál es la valoración que hacen de este tema?

–A nosotros nos parece que se ha tratado con bastante irracionalidad el problema de la seguridad con respecto a los derechos humanos, y decididamente tenemos que diferenciar la situación de niños, niñas y jóvenes con necesidades básicas insatisfechas; niños, niñas y jóvenes víctimas de delitos y del abuso de poder por el otro, y la misma población en conflicto con la ley penal. Todo esto lo tenemos mezclado hoy en la Argentina porque la ley de patronato que rige desde 1919 es completamente anacrónica y va contra la Convención de los Derechos del Niño, a pesar de que tiene jerarquía constitucional y permite al juez intervenir en estas tres situaciones diferentes disponiendo la internación de menores de 18 años es decir niños, lo que arbitrario e inconstitucional. Creemos que es indispensable que la Argentina adopte finalmente el régimen de protección integral de los derechos del niño que está en el Congreso de la Nación y al que le hemos hecho numerosos aportes, para luego encarar un régimen penal juvenil acorde con la ley.

–Hasta que se logren los cambios en la ley, ¿qué puede hacerse?

–Independientemente de estos cambios normativos, nos parece que es fundamental empezar a tener lo que definimos como ‘buenas prácticas’, para actuar ya. En la medida de los recursos que tenemos en la secretaría, lo estamos haciendo, visitando numerosos institutos en provincias, haciendo recomendaciones, peor pensamos que debemos ir mucho más lejos. Este protocolo facultativo si bien no es la panacea, es un instrumento muy importante, porque los lugares de encierro van a estar sometidos al escrutinio público, que es la finalidad que tiene que es preventiva.

–¿Cómo se instrumentarían los controles?

–Las tareas de inspección las llevarían adelante un organismo nacional y organismos provinciales, combinándose ambos. En verdad la cuestión es nacional porque los derechos humanos son una cuestión federal, sin embargo habría que buscar la forma de implementar los acuerdos con las provincias.