MONZER AL KASSAR, UN FANTASMA QUE TODAVÍA MERODEA POR ARGENTINA

Ahora, producto de un requerimiento de la Justicia suiza, que no pierde de vista los rastros que dejó dispersos por todo el mundo este oscuro habitante de la Costa del Sol española.

El lunes pasado, el abogado Ricardo Monner Sans, quien al denunciar en 1995 la venta ilegal armamento argentino a Ecuador y Croacia detonó la causa que (en el 2001) llevó al ex presidente Carlos Menem a una reclusión de casi medio año, se presentó como testigo ante el juez en lo penal económico Julio Speroni.

“A Suiza le interesa todo aquello que pueda demostrar que Al Kassar estuvo en el país”, explicó Monner Sans, quien destacó que Speroni, para avanzar en esta cuestión y completar el exhorto helvético, le solicitó ampliar los datos revelados en su momento en sendas notas publicadas por La Capital y el diario chileno El Mercurio.

El escándalo por la venta ilegal de material bélico al exterior deparó sorpresas tales como la presencia de Al Kassar en la Fábrica Militar (FM) de Fray Luis Beltrán, al mando de una operación de incierto final.

El affaire también había sobrevolado Rosario cuando, al producirse el arresto del ex ministro de Defensa Antonio Erman González (2001), el juez de Bell Ville (Córdoba) Edgardo Filippi, quien inició la instrucción por el contrabando a Croacia, recordó: “Se determinó que junto con la pólvora que salió de Villa María partieron camiones con contenedores llevando armamento desde otras fábricas, como Fray Luis Beltrán”.

En declaraciones publicadas por este diario, Monner Sans confirmó el paso del sirio por la ciudad ubicada a 25 kilómetros de Rosario. Y enfatizó que al Kassar “estuvo allí a mediados de la década del 90 para comprar armamento”.

Según los datos suministrados por el letrado, incorporados en la causa, el traficante decidió luego regresar a España, pero antes dejó precisas instrucciones: que las armas fuesen estibadas en el puerto de Buenos Aires y enviadas una vez que él llegara al Viejo Continente.

Pero, a poco de desembarcar en territorio español, Al Kassar fue detenido en el aeropuerto de Barajas (Madrid) a instancias del juez Baltasar Garzón. La orden de envío nunca llegó a concretarse.

“El material fue devuelto a Fabricaciones Militares, a Fray Luis Beltrán, pero desconozco lo que ocurrió después”, concluyó Monner Sans. Estas mismas palabras volvieron a ser pronunciadas el lunes ante Speroni.

La Justicia de Ginebra resolvió en 1999 la confiscación de dinero de Al Kassar (unos 3 millones de dólares) depositado en una cuenta, supuestamente por ser fruto del tráfico ilegal de armamento a Croacia desde Europa, entre febrero y marzo del 92.

La medida se fundamentó en documentación incautada ese mismo año por Garzón, además de otros testimonios e informes de las entidades bancarias que presuntamente actuaron como intermediarias. El fallo fue recurrido ante los tribunales helvéticos.

Otro escándalo
Antes de que la causa de la venta ilegal de material bélico a Croacia y Ecuador sacudiera al país, el sirio ya había coprotagonizado otro escándalo. Fue en 1991, cuando tramitó su pasaporte argentino con el apoyo del gobierno de Carlos Menem.

Precisamente ayer, la Cámara Federal porteña sostuvo que Al Kassar debe seguir siendo investigado para determinar cómo obtuvo el pasaporte. Además, el fallo insta al juez Jorge Ballestero a apurar el expediente, paralizado desde hace dos años.

Los camaristas rechazaron dos planteos del traficante radicado en Marbella, quien fue procesado por haber insertado datos falsos en la documentación que entregó para obtener el pasaporte.

Su abogado, Víctor Stinfale (también representa a Carlos Telleldín, imputado en la causa Amia), había planteado un recurso de falta de acción por entender que en España, país al que se solicitó la extradición de Al Kassar para interrogarlo, no existía el delito que se le imputa a su cliente. También esgrimió que, por el tiempo transcurrido, correspondía la prescripción de la causa.

En ese sentido, los camaristas advirtieron que, aunque el proceso se inició hace doce años, en marzo de 2003 dos fiscales, Carlos Rívolo y Claudio Navas Rial, solicitaron a Ballestero que se condene a penas de prisión efectiva a Al Kassar, entre otros acusados.