MORALES DICE QUE PETROBRAS TRABAJÓ ILEGALMENTE EN BOLIVIA Y PROFUNDIZA LAS DIFERENCIAS CON BRASL
El presidente de Bolivia, Evo Morales, profundizó las diferencias que su país mantiene con Brasil en el marco de la decisión de nacionalizar los recursos petroleros y gasíferos de la nación andina al acusar a la estatal brasileña Petrobras de haber trabajado “ilegalmente” en su país.
Morales también criticó a las firmas extranjeras que operan en Bolivia por “no respetar las normas”, evadir impuestos y ser “contrabandistas”. La última acusación parece destinada a la española Repsol-YPF, a cuya conducción en el país del altiplano renunció recientemente el español Julio Gavito para, según él mismo dijo, defender su inocencia y la de la empresa en una causa por supuesto contrabando de petróleo.
Las declaraciones del mandatario Boliviano, que cuanto menos no apuntan a limar las asperezas que –pese a las desmentidas oficiales- existen sobre todo con Brasil y España desde la nacionalización de los hidrocarburos, fueron formuladas en una rueda de prensa que ofreció en la capital austríaca, donde se encuentra para participar de la IV Cumbre entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, que tiene como objetivo fundamental el de fortalecer la integración.
Petrobras y Repsol son la firmas más afectadas por la decisión adoptada por el Gobierno de La Paz debido a que son, por mucho, las petroleras que más inversiones tienen en Bolivia. Además de estas dos firmas, la nacionalización impacta sobre las condiciones de las negociaciones que llevan a cabo Brasil y Argentina por la importación de gas boliviano.
Hoy Morales admitió que las petroleras extranjeras “tienen todo el derecho a recuperar su inversión”, aunque advirtió que eso no significa forzosamente que haya “indemnizaciones”, con lo que ratificó, con matices, el anuncio que ayer había hecho oficialmente su gobierno a Brasil. Por un lado, le avisó que no va a negociar con la estatal brasileña Petrobras sino con el gobierno brasileño. Y por otro, que “no habrá” indemnizaciones para Petrobras por la toma del control accionario de su subsidiaria en Bolivia.
El gobierno de Morales no dejó lugar a dudas: la Constitución de su país no prevé indemnizar a empresas por quiebra de contrato cuando las operaciones se basaron en “acuerdos ilegales” no ratificados por el Congreso boliviano.
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