Moro juzgará a Lula por corrupción

Luiz Inacio Lula da Silva, el político más popular de Brasil en la era contemporánea, quedó procesado por presuntamente beneficiarse del esquema de sobornos en Petrobras, el mayor escándalo de corrupción en la historia del país.

Con asombrosa celeridad, el juez federal Sergio Moro, reconocido por sus condenas a poderosos empresarios y políticos involucrados en el petrolão, aceptó ayer los cargos presentados el jueves pasado por el Ministerio Público contra el ex presidente (2003-2010) y líder del Partido de los Trabajadores (PT).

La decisión del magistrado de Curitiba generó gran agitación en la sociedad brasileña, ya sacudida por el reciente proceso de impeachment por manipulación de las cuentas públicas que terminó con la destitución de Dilma Rousseff. Es el segundo procesamiento que enfrenta el ex presidente, imputado a fines de julio por supuesto intento de obstrucción a la Justicia, en las investigaciones que tiene a su cargo Moro, acusado de intentar comprar el silencio de uno de los tantos arrepentidos en el petrolão.

La causa admitida ahora, por corrupción pasiva y lavado de dinero, gira en torno a un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá que, según el Ministerio Público, Lula habría obtenido de la constructora OAS -implicada en los multimillonarios desvíos de Petrobras- a cambio de garantizarle a la empresa contratos de licitación con la compañía petrolera estatal.

Los fiscales de la Operación Lava Jato, en Curitiba, acusaron la semana pasada al ex presidente de haber recibido “favores indebidos” por 1,1 millones de dólares en la adquisición, refacción y amueblamiento de la vivienda, además del pago del depósito donde fueron guardadas las pertenencias de Lula luego de que dejó el Palacio del Planalto. De acuerdo a la Fiscalía, estos fundamentos llevan a suponer que Lula era el “comandante máximo” de la red de corrupción en Petrobras.

Junto a Lula también fueron acusados su esposa, Marisa Leticia; el presidente del Instituto Lula Paulo Okamotto; el ex presidente de OAS Leo Pinheiro, y cuatro otros altos ejecutivos de la constructora (Paulo Gordilho, Agenor Medeiros, Fabio Yonamine y Roberto Moreira).

“Los elementos probatorios aún son cuestionables, pero en esta fase preliminar no se exige que la demostración de la responsabilidad criminal sea concluyente sino que se demuestre justa causa”, señaló Moro. “Las pruebas presentadas son suficientes para la admisión de la denuncia y para dar inicio al proceso judicial, en el que los acusados, incluso el ex presidente, tendrán la oportunidad de defenderse”.

Lula siempre negó ser propietario del tríplex. Según él, su esposa había pensado adquirir en 2005 un departamento en ese edificio frente a la playa a través de la cooperativa Bancoop y pagó las primeras cuotas, pero desistió del negocio en 2010, luego de la quiebra de la cooperativa, cuando el emprendimiento fue adquirido por OAS.

“Obviamente estoy muy triste que Moro haya aceptado la acusación contra mí, aunque sea una farsa. No debe haber ningún ciudadano en este mundo más indignado que yo. Pero lo que está sucediendo no me desestabiliza, apenas me motiva a seguir adelante, a hablar mucho más”, afirmó anoche Lula durante una conferencia que hizo desde San Pablo con sus abogados en Nueva York, donde habían ido a aprovechar el debate anual de la Asamblea General de la ONU para denunciar el “historial de persecución y abusos” de la Justicia brasileña.

Para Lula, las motivaciones detrás de sus causas judiciales son políticas. Sus enemigos, en especial el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quieren evitar que vuelva a ser candidato a la presidencia en 2018. “El problema es que yo vuelva en 2018. Podrían preguntarme si quiero, ¿no?”, afirmó desafiante al aludir su reconocido legado político-social.