MULTAN A SHELL CON 500 MIL PESOS POR UN DERRAME DE COMBUSTIBLE EN EZEIZA

Mientras el Gobierno estudia la aplicación de una sanción a las petroleras Shell y Esso por la presunta violación a la Ley de Defensa de la Competencia debido a que aumentaron el precio de sus combustibles, ayer, por cuerda separada, le impuso un castigo concreto a la primera: una multa de 500.000 pesos por provocar daños ecológicos con un derrame de residuos de nafta en el Aeropuerto de Ezeiza.

Según informó a Clarín una alta fuente del Gobierno, la resolución fue firmada ayer a la tarde por el secretario de Ambiente y Recursos Sustentables, Atilio Savino, que depende del ministro de Salud, Ginés González García, y será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días.

El monto de la multa es el máximo contemplado por la ley para este tipo de situaciones y en el Gobierno descuentan que la compañía apelará, aunque aclaran que lo único que podrían objetar es la cifra de medio millón de pesos, ya que —aseguran— la pérdida está debidamente comprobada.

El derrame en cuestión se detectó en diciembre de 2002 y fue denunciado por la Defensoría del Pueblo ese mismo mes. Fue ocasionado por filtraciones del depósito de combustible para aviones de Shell y se extendió por debajo de la playa de estacionamiento de autos del aeropuerto, con un diámetro de 350 metros.

Se inició un expediente contra la empresa, que contiene un informe de julio de 2003 en el que el Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáutica y Espacial advertía que existía “un peligro latente de explosión o incendio”. Ante ese informe, Shell aseguró que por ese entonces la pérdida ya había sido controlada.

La oportunidad de tomar esta determinación en un expediente que tiene más de dos años de iniciado está claramente vinculada al enfrentamiento del Gobierno con petrolera angloholandesa por la suba de combustibles, que podría incidir en la inflación.

En el Gobierno aseguran que no hay razones objetivas para una escalada inflacionaria fuera de los parámetros esperados para el año (entre un 8,5% y un 10,5%). En cambio, sí le temen al efecto psicológico: que sectores que alienten expectativas inflacionarias accionen el temor de los comerciantes y pequeños productores. Esto, en un país con cultura inflacionaria —sostienen— podría llevar a un aumento de precios como mecanismo preventivo.

Por esa razón —argumentan en la Casa Rosada— se vieron empujados a tratar de enfrentar con dureza los aumentos dispuestos por Shell, medida que luego también tomó Esso.

Más allá de esta sanción administrativa, Shell tiene pendiente de resolución en la Corte Suprema un fallo judicial que la condenó a pagar US$ 35 millones para reparar el desastre ecológico que causó en Magdalena el derrame de uno de sus barcos petroleros en enero de 1999, cuando se volcaron en las aguas del Río de la Plata casi 5.300 metros cúbicos de hidrocarburo.