NACIÓN Y PROVINCIA SALDRÁN A LA CAZA DE LA LECHERÍA MARGINAL

La Nación y las provincias lecheras del país, junto a las autoridades sanitarias, esperan definir en febrero el nuevo sistema de fiscalización en la producción de lácteos, mecanismo que les permitirá salir a la caza de la llamada lechería marginal.

De esta manera las autoridades gubernamentales darán los pasos administrativos necesarios para cumplir con un viejo reclamo de las grandes industrias lácteas.

Con esta nueva estructura de control, el Gobierno buscará interrumpir la cadena de producción de lácteos que tiene lugar fuera de los circuitos formales, e imponer un freno a la evasión fiscal y previsional presente en el sector.

El acuerdo deberá ser rubricado por la Secretaría de Agricultura a cargo de Miguel Campos, el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa.

En los últimos años se fue resintiendo la fiscalización de la actividad, ya que se produjo una falta de coordinación entre los diferentes organismos encargados de llevar adelante los controles.

La fiscalización planteado por el Comité de la Lechería prevé readecuar la metodología de controles empleada en las plantas lácteas, hecho que también se extenderá a la comercialización de productos.

La meta principal será atender la evasión fiscal y previsional que muestra la actividad en los diferentes distritos, y contrarrestar las fallas que presenta la cadena de comercialización de productos lácteos.

A esto se le agrega la necesidad de fomentar el cumplimiento de las normas sanitarias que rigen la elaboración de productos tales como la leche o quesos.

El objetivo último será el de imponer acciones complementarias entre la Nación y las provincias, y disponer además de una base de datos única para conocer a fondo el desempeño de la actividad láctea.

Según Juan Linari, actual coordinador del Programa Nacional de Lechería, que impulsa la Secretaría de Agricultura, “si se cumple con todo el trabajo realizado por el Comité de Lechería” en torno a este tema,” se espera que se logre un acuerdo en febrero”.

En los controles realizados en diciembre por la Administración Federal de Ingresos Públicos en diferentes plantas de Santa Fe se constató un importante número de casos en los cuales los empleados no estaban debidamente registrados ante el fisco.

Otra de las cuestiones detectadas por los inspectores de la AFIP tiene que ver con las irregularidades constatadas en el pago de las retenciones del IVA al productor.

También cobra importancia el acuerdo cerrado entre la Nación y las provincias para poner en práctica un mecanismo de producción y los denominados códigos de “buena práctica comercial”.

Esto tiene que ver con la necesidad de contar con un compromiso formalizado por la industria láctea de no promover variaciones en los precios de manera retroactiva, e informar al productor con tiempo y forma toda decisión que en materia de valores adopte el sector.

La medida tiene por objeto atender un largo reclamo formalizado por los productores, ya que muchos proveen la leche a la industria durante un mes, sin conocer cual será el precio que le pagarán por sus envíos.

Por ende, aquellas empresas que adhieran a la práctica de este mecanismo deberán informar los cambios que realizarán a futuro en materia de precios de la leche.

Un viejo reclamo

Desde hace tiempo las principales industrias lácteas del país le vienen reclamando al Gobierno la instauración de controles más severos sobre la llamada lechería marginal.

Las usinas agrupadas en el Centro de la Industria Lechera (CIL) como así también las que forman parte de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL) sostienen que el alto componente marginal que presenta en la actualidad el sector lechero argentino, distorsiona las condiciones del mercado y perjudica a las empresas que trabajan en regla.

Las grandes industrias sostienen que el problema de la marginalidad se presenta en mayor medida entre las pequeñas empresas, algunas de las cuales, al no cumplir con los requisitos legales necesarios, compiten de manera desleal con el resto de integrantes del sector.

Se calcula que en nuestro país existen alrededor de 1.000 pequeñas fábricas de productos lácteos que procesan el 50 por ciento del volumen de leche que se produce en la Argentina. El otro 50 por ciento es procesado por sólo una decena de grandes industrias.

Según un informe difundido por las autoridades de SanCor a fines del año pasado, entre el 20 y el 30 por ciento de las pequeñas industrias lácteas trabajan con algún grado de marginalidad.

Precisaron asimismo que los controles realizados hasta el momento detectaron incumplimientos de diversa índole como impositivos, laborales, bromatológicos y sanitarios.

Los grandes industriales entienden que el problema de la marginalidad podría disminuir si el Estado fuese más riguroso en los controles.

Gestiones comerciales con Brasil

Funcionarios de Cancillería de nuestro país solicitaron a sus pares brasileños que se restablezca el libre comercio de productos lácteos sin compromiso de precios.

El pedido fue formulado durante la segunda jornada de una reunión bilateral que se desarrolló en el Palacio San Martín, encabezada por el secretario de Comercio Exterior, Martín Redrado, y el vicecanciller brasileño, Samuel Pinheiro Guimaraes.

Redrado explicó a Télam que “el acuerdo de precios de productos lácteos vence a mediados de febrero y posteriormente debería haber libre comercio “.

Según el comunicado emitido al término del encuentro, también se acordó mantener nuevas reuniones para profundizar el conocimiento de los próximos pasos de la reforma tributaria que pondrá en marcha Brasil.

Esa reforma generó preocupación entre los empresarios, ya que en un primer momento se anunció que representaría un mayor costo de acceso de los productos locales al mercado vecino.

Redrado señaló al respecto que “ese tema ya está despejado”, ya que la delegación brasileña descartó que se vayan a gravar las importaciones desde la Argentina.