NADIE QUIERE DECLARAR SI HUBO IRREGULARIDADES EN LA CAUSA AMIA

Cuántas veces se puede postergar una declaración indagatoria? No está estipulado en el Código de Procedimiento Penal y queda a criterio del juez. Pero exactamente eso es lo que ocurre actualmente con la causa en la que se analizan los delitos que se habrían cometido en la investigación del atentado contra la AMIA. No está de más recordarlo: en ese atentado de 1994 murieron 85 personas y sus familiares todavía esperan una respuesta de la Justicia.

Como si se hubieran puesto de acuerdo, ocho acusados en esta causa pidieron postergar sus declaraciones. Algunos adujeron falta de tiempo para estudiar el expediente, otros dicen haber sido mal notificados. Lo curioso es que esta investigación tiene seis años y desde hace tres —cuando se conoció la sentencia del tribunal oral que denunció a varios funcionarios o ex funcionarios— todos ellos sabían que tarde o temprano serían citados a declarar como acusados. Y los hechos no cambiaron; son los mismos.

Así, desde el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy hasta el ex juez Juan José Galeano —pasando por los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el abogado Víctor Stinfale, los ex espías Patricio Finnen y Alejandro Brousson y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja—, lograron postergar por unas semanas sus presencias en Comodoro Py.

Los únicos que concurrieron hasta ahora a la cita judicial fueron Carlos Telleldín y su esposa, Ana Boragni. El primero fue el principal detenido de la causa AMIA y, según surgió del juicio oral en el que fue absuelto, la SIDE le pagó a pedido de Galeano para que declarara contra unos ex policías bonaerenses que pasaron nueve años en prisión y al final resultaron inocentes. Quien cobró fue su esposa.

Ahora, con el nuevo cronograma, Stinfale (ex abogado de Telleldín) deberá presentarse mañana; Finnen y Brousson, el jueves; Anzorreguy, el viernes; Beraja, el lunes 26; Mullen, el martes 27; Barbaccia, el miércoles 28; y Galeano, el jueves 29.

Fuentes judiciales dijeron creer que el juez Lijo no aceptaría nuevas postergaciones y que sólo lo haría ante un caso extremo. El juez llamó a indagatorias a fines de mayo. La mayoría de los convocados está acusada por el delito de peculado que se habría cometido al pagarle a Telleldín con dinero de la SIDE.

Pero Galeano y los ex fiscales están acusados, además, por la privación ilegal de la libertad de los cuatro policías que estuvieron nueve años presos. Y por la detención de una mujer que luego quedó transformada en testigo de identidad reservada. A diferencia del peculado, la privación ilegal de la libertad es un delito mucho más grave y sin riesgo inminente de prescripción. Por ello, el Ministerio de Justicia, querellante en la causa, pidió la detención del ex juez.

De todos modos, las postergaciones no desentonaron en un expediente que supo de otras demoras. La causa se abrió en 2000 tras las denuncias en el Congreso de Claudio Lifschitz, ex prosecretario del juzgado de Galeano. La lenta investigación del juez Claudio Bonadío derivó en denuncias contra él en el Consejo de la Magistratura y hasta fue apartado de la causa. El senador Miguel Pichetto, miembro del Consejo, cree que Bonadío ni siquiera incurrió en una falta disciplinaria. Pero otros oficialistas no piensan lo mismo.

Bonadío recién llamó a indagatorias después de conocida la sentencia del tribunal oral y luego de que el Gobierno le rechazara la renuncia a Galeano, que al final terminó destituido. Su sucesor, Lijo, hizo las nuevas convocatorias antes de una eventual prescripción —el pago fue el 5 de julio de 1996 y la pena máxima para el peculado son diez años— y tras un reclamo del Ministerio de Justicia. En ambos casos se esperó a que la Cámara de Casación confirmara el fallo del tribunal oral.