NADIE QUIERE HACERSE CARGO DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN EN ENTRE RÍOS

Para el gobernador, Jorge Busti (PJ) su dependencia operativa de la Fiscalía de Estado y la exigencia respecto del perfil del candidato conspiran para designar a su responsable.

Busti dijo que “los sueldos que se pagan en el Estado son toda una complicación para los profesionales que tienen su estudio en marcha”. De ahí que esté pensando en una equiparación que no tendría las dimensiones de la que propuso el Ejecutivo a instancias del doctor Jorge Romero y después lo retiró: que el fiscal de Estado cobre lo mismo que un legislador. Ahora se está pensando en una fórmula en la que el Fiscal podría percibir el mismo haber que un ministro, los fiscales adjuntos cobrarían como si fueran subsecretarios y al titular de la Oficina Anticorrupción se le liquidaría el sueldo de un Secretario de Estado. Ante una consulta puntual, el propio Busti señaló que “esa idea sí tiene lógica”.

En rigor, el mandatario se negó a precisar a quiénes propuso. Versiones recogidas en los alrededores de su despacho aluden a que los abogados que desistieron fueron los doctores Marciano Martínez y Esteban Quinodoz.

Según informa El Diario, es difícil no reparar en que cubrir los cargos dentro de la Oficina Anticorrupción es todo un problema para el gobierno. Mucho más si, como en algún momento se indicó, la idea fuere llamar a concurso. En rigor, el llamado a concurso fue una iniciativa que anidó rápidamente entre los titulares periodísticos pero no quedó atrapada en ninguna norma: ni en la ley que ordenó la derogación de la FIA, ni en el decreto que reglamentó el funcionamiento del nuevo organismo. No son pocos los que entienden que el objetivo primario del gobierno era terminar con la FIA y que todo lo que rodeó a la Oficina Anticorrupción se aproximó más a un golpe de efecto que a un proyecto cerrado. En primer lugar, porque se señaló que en realidad la intención del Gobierno es reformar la Constitución e incluir en la estructura de los controles el Ministerio Público Extrapoder. Y, si así fuera, se estaría convocando a concurso para cubrir un cargo en una repartición que en cuestión de meses sería reemplazada por otro organismo.

También hay dificultades jurisdiccionales: dependería de la Fiscalía de Estado, es decir, hay que dar con un abogado cuyo perfil bien podría hacerlo merecedor al lugar del fiscal de Estado. Pero, además, no tendrá autonomía sino que funcionalmente dependerá en definitiva del gobernador y el fiscal. La tercera, tal vez sea la cuestión remunerativa.