NADIE SABE DÓNDE ESTÁ RODRÍGUEZ SAÁ

Algunos lo atribuyen a la depresión que le causó conocer el dictamen del procurador Esteban Righi, que la semana última recomendó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejar la intendencia capitalina en manos de la oposición. Otros, más imaginativos, lo vinculan con asuntos del corazón o con deserciones anteriores a distintos cargos, como el de jefe del bloque peronista en el Senado, o en el gabinete puntano durante la gestión de su hermano, el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, y afirman que su actitud responde a que, simplemente, está “aburrido” de gobernar.

Lo cierto es que el gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, obtuvo en la medianoche del jueves último una veloz y generosa autorización de la Legislatura local para ausentarse de la provincia hasta el 15 de abril próximo, y viajó un día después, con viáticos incluidos, a algún lugar del Viejo Continente.

El tiempo de su estada en el exterior, el momento de su regreso y los motivos de su viaje son, en estas horas, el secreto mejor guardado por el oficialismo.

Todo comenzó el jueves último, cuando ambas cámaras legislativas aprobaron, en la misma jornada, la resolución 14-hcs-04, fechada el 17 del actual, por la cual se autoriza al gobernador a ausentarse del territorio puntano, conforme lo prescribe el artículo 149 de la Constitución provincial.

Según este artículo, “el gobernador reside en la capital de la provincia y no puede ausentarse de ella por más de 15 días continuos sin permiso de la Legislatura”. El artículo siguiente afirma que “en el receso de la Legislatura puede el gobernador ausentarse de la provincia por asuntos de interés público, por más de 15 días continuos, debiendo dar cuenta en la primera sesión ordinaria posterior a su regreso sobre las razones que lo motivaron”.

Hasta aquí la fría letra de la norma puntana, que, en buen romance, autoriza a Rodríguez Saá a ausentarse de la provincia por más de dos semanas continuas, siempre que lo haga por razones de Estado, con la obligación de rendir cuenta de ello.

“Llama la atención que se cumpla estrictamente con la ley, cuando estas obligaciones nunca se respetan en San Luis”, ironizó el dirigente opositor Juan José Laborda Ibarra.

El diputado provincial Fidel Haddad (UCR) también planteó sus dudas. “Nadie sabe si se fue, efectivamente, por razones de Estado, porque no se explicó adónde va ni cuándo va a volver. Como maneja el Congreso a control remoto, no siente obligación de hacerlo”, se quejó el legislador radical.

No dejarlo prisionero

En el oficialismo, las versiones apuntan en sentido contrario. “No es una licencia por cinco meses, sino un permiso para ausentarse de la provincia mientras la Legislatura no funciona”, contestó el jefe de la Cámara de Diputados, Carlos Sergnese.

El ex ministro adolfista definió como “malintencionadas” las críticas de la oposición, tras lo cual afirmó que “la idea es no tener prisionero al gobernador en su propia provincia”.

LA NACION no pudo ubicar en todo el día de ayer a la vicegobernadora a cargo del Ejecutivo, Blanca Pereyra.

A pesar de que su periplo no trascendió ni siquiera en los medios controlados por el oficialismo, LA NACION accedió a la orden de pago número 38.626 (expediente 57.048 de 2004) en la que se conceden 10.971,56 pesos a Rodríguez Saá “por viáticos en su viaje a España del 16 al 22/11/04” y se especifica una cantidad similar para el dirigente adolfista y actual rector de la Universidad de La Punta, Luis Lusquiños.

La intendenta oficialista María Angélica Torrontegui confirmó ayer que el gobernador está actualmente en España, “cumpliendo con tareas específicas de su función”.

Para el ex ministro adolfista y actual opositor Pedro Risma, “Alberto (Rodríguez Saá) se fue a pasear, porque no le gusta el trabajo”.

Laborda Ibarra prefirió la ironía. “Como Rodríguez Saá es un provocador social, que se ausente del país por un largo tiempo es una buena noticia para los puntanos”, fustigó.