Narcotráfico: la compleja situación de Santa Fe en el concierto nacional

La falta de recursos tecnológicos para combatir un delito trasnacional y millonario afecta a todas las provincias del país. Santa Fe, en ese concierto de desventajas, sufre además desplantes de funcionarios nacionales y chicanas de integrantes del Poder Judicial federal. Las dificultades a la hora de articular estrategias derivó en una serie de reuniones, confidenciales y públicas, entre altos representantes de los gobiernos. La buena predisposición de la Procuradora de la Corte para con Antonio Bonfatti abrió una puerta que puede redundar en resultados. La homicidios en Rosario vinculados a ajustes narcos.

 

“No tenemos interés en trabajar con la policía antidrogas de Santa Fe en las causas que tenemos o tengamos en Rosario”, dijo el fiscal federal subrogante Juan Murray a los presentes en una reunión confidencial realizada en la sede de la gobernación en Rosario hace dos meses. En ese cónclave estaban, además de Murray, el fiscal federal Mario Gambacorta. En esa misma línea de argumentos se sentaron Félix Crous (de la procuración antinarcóticos del Ministerio Público Fiscal), Sergio Berni (Secretario de Seguridad de la nación) y el ex funcionario de Seguridad del socialismo santafesino, ahora con funciones en el gobierno nacional, Enrique Font. Del otro lado de la mesa se sentaron los ministros Juan Lewis (Justicia), Raúl Lamberto (Seguridad), Ana Viglione (secretaria de Delitos Complejos), Matías Drivet (secretario de Seguridad de la provincia), Jorge Barraguirre (Procurador de la Corte de Santa Fe) y el fiscal de Cámaras de Rosario Guillermo Camporini.

 

 

La reunión sirvió para escribir un vademecum de chicanas, sobre todo del “lado nacional”. Uno de los asistentes –en representación de Santa Fe- dijo: “Berni quería ser una suerte de moderador, pero dijo que mientras la policía santafesina siga desmadrada sería dificultoso darnos una mano, pero el más cerrado fue el fiscal Murray”. Por el otro sector, el consultado señaló: “Murray es el más trabajador de los fiscales, muy honesto y muy inteligente, enojarse con él es esconder el problema que tiene Santa Fe, entre otras cosas, con un ex jefe policial acusado de narco”. Murray, el fiscal de la causa que puso a Hugo Tognolli en la sombra de una celda, no confía en la brigada antidrogas de Rosario ni tampoco en la Dirección provincial. Razones tiene, pero su rol está más cerca de las funciones de un político que la de un titular de la acción pública. Ordenó investigar todos los gastos reservados de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones y ha pedido varios legajos de sus pesquisas para “estudiarlos”. No acostumbra a librar órdenes con celeridad si son solicitadas por los investigadores provinciales. En la causa de Delfín Zacarías, el productor de cocaína detenido en Funes, jugó a fondo con la conexión policial y mal no le fue: logró una nueva detención del oficial de Drogas Peligrosas de Rosario apodado He- Man y de nombre José Luis Dabat. También apeló una decisión del juez de primera instancia que denegó la detención de D. C, un ex jefe de la brigada operativa de drogas del departamento La Capital, vinculado al clan Zacarías en las escuchas telefónicas de la causa.

 

Las siguientes reuniones con el fiscal Murray fueron mucho menos belicosas y menos reservadas. Se comprometió a trabajar un par de causas grandes de la zona sur con la policía de la ex Drogas Peligrosas. Para ello fue clave la decisión de Lamberto de demostrar conducción política del ministerio y de la Secretaria de Delitos Complejos, Ana Viglione, que después de la intervención en las investigaciones y procedimientos en los casos Ascaíni y Popea (dos distribuidores importantes del sur santafesino), adquirió mucho crédito. Lamberto, en tanto, reconoce el “problema de la corrupción policial” como el más serio del momento. En la penúltima reunión de gabinete lo planteó sin vueltas. Enojado, pidió a los secretarios, subsecretarios y directores ser más exigentes y prevenidos. Y, de paso, relató un caso insólito: había llamado varias veces por teléfono a un jefe policial rosarino y éste no lo había atendido.

 

Encuentros cercanos

 

Las reuniones del gobernador Bonfatti con la Procuradora Alejandra Gils Carbó dejaron una buena impresión. Más allá de los simbólico, hubo un compromiso de las partes para articular encuentros entro los dos sectores. Felix Crous y el diputado nacional Juan Carlos Zabalza conformarán una mesa de intercambio de datos y opiniones respecto al seguimiento de las causas, sobre todo las del sur santafesino. Para otra oportunidad quedaron otros ítems calientes, como la creación de la estructura federal con juez y fiscal en Rafaela, la posibilidad de nombrar a otro fiscal federal en Santa Fe y aumentar los recursos.

 

La semana pasada, Bonfatti se reunió con el ministro de Seguridad de la Nación, Arturo Puriccelli. Del encuentro no formó parte el secretario Berni y hubo avances significativos. El gobernador santafesino ha reconocido varias veces el desmadre narco en Rosario, pero se quejó del mote de “la Medellín argentina”. Los 14 balazos que impactaron en el frente de su casa fueron una muestra inequívoca de violencia sin par. Los sectores de la droga, o el mundo “narco – poli” son dos factores que conmueven a los habitantes de la ciudad que tiene el mayor número de extensiones en permisos de construcción y el puerto más importante de la región.

 

Grandes falencias

 

En la “Segunda Asamblea Nacional del Consejo  Nacional de Drogas”, cerrado el 14 de noviembre pasado, se expusieron las falencias más gruesas de las distintas fuerzas de seguridad del país alrededor de la lucha contra el narcotráfico. Entre las conclusiones del CO.FE.DRO, la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, se quejó de las dificultades con las escuchas telefónicas con mandato judicial, porque demorar un tiempo excesivo y son entregadas en casetes. Por lo mismo se escucharon las quejas de los representantes de Mendoza, Río Negro y Tucumán, muchas de las provincias tienen jueces subrogantes que vuelven más perezosas las investigaciones. Santa Fe también sufre la demora en la entrega de las escuchas telefónicas. Las quejas de los pesquisas es porque algunas llegan con 45 días de retraso. Una muestra horrorosa de ello, es que en una de las intervenciones que llegó a un juzgado federal se puede escuchar con claridad cómo se pergeña el homicidio de un “soldadito” de un búnker de drogas. Una escucha en tiempo real, tal vez, podría haber evitado un desenlace fatal. La provincia de Santa Fe tampoco tiene scanners para control de vehículos en ruta.

El 3 de octubre de este año, en el Primer Congreso Internacional de Lucha Contra el Narcotráfico, celebrado en Mendoza, quedaron plasmadas en un acta una serie de inconvenientes y sugerencias:

 

–         Designación de recurso humano para los cargos vacantes en la justicia federal

 

–         Unificar en todo el país los requisitos para que el juez expida una orden de allanamiento para un lugar de venta al menudeo, como así también la inmediatez de esa medida.

 

–         Se tenga en cuenta la posibilidad de modificar la ley 23.737, que castiga la venta de drogas, y encaminarse al modelo legislativo chileno en la materia, sobre todo en tres aspectos: el agente informante, el agente encubierto y la entrega controlada.

 

–         Se solicitó que en todas las provincias funcione una Dirección de Observaciones Judiciales, todas con la misma tecnología y capacidad operativa, que permita acceder a escuchas directas por parte del personal que se encuentre a cargo de la investigación.

 

–         Procesar a los representantes de las empresas telefónicas que no brinden en forma expedita lo requerido por las autoridades.

 

–         Entregar a las fuerzas de seguridad todos los vehículos, muebles, inmuebles, dinero que fuera secuestrado en operativos antidrogas o por lavado de dinero.

 

–         Contar con un scanner móvil (como mínimo) para control de vehículos.

 

De dónde viene la bala

 

Grande fue el malestar de las autoridades nacionales cuando el informe desprograma Periodismo Para Todos (PPT) que conduce Jorge Lanata, puso al aire una investigación en donde se presentaba a Rosario como “La Medellín argentina”. Rosario superó ampliamente la cifra de 200 asesinatos dolosos. La ubica entre las más violentas del país sin dudas. Pero no todas ellas están relacionadas al mundo narco o del crimen organizado. De acuerdo a un informe reservado realizado por el ministerio de Seguridad de la provincia, y que pone como marco investigativo la ventana temporal que va del año 2002 hasta el primer trimestre de 2013. La población más afectada por los Homicidios Relacionados con el Crimen Organizado (HRCO) son los hombres ubicados en la franja etaria 20 – 40 años y representan el 31,45% de los casos. Para definir en materia estadística a aquellos homicidios relacionados a la criminalidad organizada es necesario atender las siguientes variables:

 

–         Antecedentes penales de la víctima

 

–         Circunstancia y modo de comisión del delito (existencia de discusiones previas, participación de dos o más sujetos con vehículos, sustracción de efectos de la víctima, tipo de arma utilizada y cantidad de disparos efectuados)

 

–         Lugar del hecho

 

–         Relatos testimoniales

 

–         Antecedentes y relación de los presuntos victimarios con la víctima

 

–         Relación del hecho con casos anteriores.

 

El dossier describe, de cierto modo, un momento histórico donde aumentaron considerablemente los HRCO. El punto de quiebre, siempre en Rosario, fue en 2007, cuando comenzó a ubicarse por encima del promedio de la década. Entre 2008 y 2012, los HRCO en Rosario fueron 203, mientras que en el período 2002- 2007 fueron 121.

 

 

Héctor M. Galiano