Narcotráfico: se vende cada vez más cocaína producida en el país

Los laboratorios son más sofisticados y con mayor capacidad de elaboración; dos de las cocinas descubiertas podían fabricar más droga que toda la incautada en un año por la policía.

 

Laboratorios que pueden producir hasta 700 kilos de cocaína por mes, mayor cantidad de cocinas de estupefacientes desbaratadas por las fuerzas federales y hasta casos de “alumnos” que fueron enviados a “escuelas” de Bolivia para aprender a cocinar droga forman parte del preocupante escenario del narcotráfico local. La Argentina dejó de ser un país de paso de la droga para transformarse en tierra de consumo. Y lo preocupante, ahora, es que ya es un país productor de droga.

Este escenario y la violencia que ha desatado en el país fueron lo que llevó a la Iglesia a advertir sobre el avance del narcotráfico y a denunciar la complicidad estatal, y a la Corte a reclamar urgentes medidas al Gobierno para frenar el avance de ese flagelo.

Los laboratorios de estupefacientes empezaron a surgir con fuerza en los últimos cuatro años y se hicieron más complejos. Dos de esos centros de producción descubiertos en los últimos 16 meses ingresaban en el mercado más cocaína que las 5,6 toneladas decomisadas este año por las fuerzas federales y la policía bonaerense. El consumo interno de droga ya tiene una importante fuente de abastecimiento local.

Hace diez años, la Sedronar señalaba la desarticulación de diez laboratorios, artesanales, con capacidad de procesar mínimas cantidades de cocaína. Este año ya son 20 las cocinas descubiertas por la policía bonaerense, que el año pasado desarticuló 21 de esas fábricas de drogas.

Un detenido por tenencia de cocaína en la cercanía de la frontera argentino-boliviana dio el aviso en 2009. En su declaración judicial aseguró que “en un lugar ubicado en el medio del monte cerca de la ruta que va hacia Santa Cruz de la Sierra era entrenado para ser llevado a trabajar en una cocina de drogas en Buenos Aires”. El hombre, trabajador humilde, dijo haber caído en esa red a causa de sus deudas por consumo de cocaína. Casos similares se repiten en otros expedientes.

La Policía Federal descubrió un laboratorio de cocaína en un country de la localidad santafecina de Funes. Las investigaciones determinaron que ese lugar tenía posibilidad de introducir en el mercado 5 toneladas al año.

Volumen similar a la incautación anual. Una cocina más grande fue descubierta el año pasado en Los Polvorines, en el conurbano bonaerense, en capacidad de procesar 8 toneladas al año. Ese aumento de la producción local tuvo que ver, en la mirada de las fuerzas de seguridad, con el perfeccionamiento del trueque de pasta base aportada por los proveedores extranjeros a sus socios locales a cambio de la colaboración de bandas argentinas en diferentes niveles del tráfico, desde su transporte, acopio y salida a mercados europeos. Ese pago con material sin procesar permitió el desarrollo de organizaciones locales y afianzó la comercialización interna.

Pese a detectarse laboratorios más importantes, la producción local aparece, por su volumen mediano, destinada a ser parte del consumo local y no a integrarse en cargamentos mayores. Así lo demuestra también el hecho de que se mantiene el flujo de un importante ingreso de cocaína procesada en el exterior.

Algunas investigaciones judiciales permiten avalar esa teoría, que es sustentada también por los investigadores de las fuerzas de seguridad. El año pasado, el juzgado federal de Concepción del Uruguay trató una investigación que fue iniciada como comercialización de drogas en la ciudad entrerriana de Concordia y concluyó con el allanamiento de una cocina de drogas en Los Polvorines, en un caso distinto al consignado antes en la misma localidad del conurbano bonaerense.

Tras una primera denuncia sobre la venta de drogas minorista, las escuchas telefónicas derivaron la pesquisa de Entre Ríos a Buenos Aires, ya que el sospechoso inicial mantenía numerosos diálogos con un potencial proveedor de cocaína. Seguimientos posteriores ratificaron el contacto entre esas personas. En el expediente judicial se destaca que en el domicilio allanado en el conurbano “se halló una verdadera cocina de estupefacientes”.

Se detalló en esa pesquisa que se encontraron varios kilos de cocaína, reflectores para el secado de la pasta base al tratarse con precursores químicos (en cantidad hallados en esa vivienda). También se secuestraron balanzas y máscaras para la manipulación de ácidos. Incluso en las conversaciones telefónicas quedó registrada la queja del comprador por la mala calidad de un cargamento.

Esa investigación sirve para establecer que núcleos argentinos de baja capacidad operativa consiguieron establecerse como proveedores de drogas sin depender de organizaciones externas más que como abastecedoras de la materia prima, la pasta base. El expediente también hace referencia a la poca complejidad que mostraba la organización en sus etapas de transporte y comercialización de la droga.

Algo similar se detectó en otro grupo que directamente fabricaba la cocaína en Concordia. Así se puede observar la multiplicación y escasa relación entre las bandas, ya que mientras un grupo de narcovendedores se abastecía de la producción de Buenos Aires, otra banda tenía su propia cocina en esa ciudad. Ese caso quedó al descubierto antes, en 2011, tras la explosión del laboratorio casero y la muerte de una persona en el lugar.

Esa característica de bajos niveles de coordinación entre bandas que comparten territorios cercanos también es encontrada en otros casos investigados por las fuerzas de seguridad, que antes de hablar de carteles de drogas instalados en la Argentina apuntan a la integración de clanes, de grupos menores como responsables del narcomenudeo que fue puesto en la polémica pública por la advertencia lanzada por la Iglesia hace diez días.

Esos elementos dispersos entre sí, pero con capaces de dominar una zona sobre la base de la venta de drogas aparecen como el peligro señalado por el documento de los obispos, que llamaron la atención en particular por los riesgos que se pasan en los barrios más carenciados en los que se instalan minicocinas de cocaína.

Entre esos lugares figura el asentamiento conocido como villa 1-11-14, en el bajo Flores. La Policía Federal y el Juzgado Federal N° 12 llevaron adelante un procedimiento en 2012 contra el narcomenudeo en esa zona. Los datos en ese expediente señalan en toda su dimensión la peligrosidad marcada por la Iglesia: calles interiores tomadas por soldados-narcos y muchas armas en el lugar, incluso varias con silenciadores, propias de sicarios.

Los vendedores se encuentran allí “sentados en cajones de manzanas, en sillas en medio de los pasillos, con riñoneras cruzadas al pecho, siendo celosamente custodiados por satélites y personas armadas que controlan que la actividad se desarrolle sin mayores inconvenientes”, se indicó en el expediente judicial sobre la venta de drogas en la villa 1-11-14. En ese operativo conjunto entre la Policía Federal y la Gendarmería fueron secuestradas 17 armas de fuego. Las fuerzas de seguridad debieron abrirse paso entre barricadas.

Hace pocos días, la Gendarmería ingresó nuevamente en la villa 1-11-14 y desactivó una cocina de cocaína, que producía limitadas cantidades de droga. Una de las maniobras que llevó a la proliferación de laboratorios narcos en la Argentina fue el armado de esas minicocinas, que pueden abastecer un reducido mercado, aunque suficiente para que cada grupo sostenga su propio control del territorio de venta de droga.

Otros laboratorios cuentan con mayores capacidades de producción, tal como se reseñó los descubiertos en Funes y en Los Polvorines, cocinas casi industriales a las que puede agregarse en dimensiones la detectada en 2011 en las inmediaciones de Paraná, en un descubrimiento casual, dado que la caída de una avioneta en ese campo fue la alerta para las autoridades.

También otra forma indirecta de verificación sirve para apuntalar el crecimiento de la producción de drogas en la Argentina. Cada vez más precursores químicos son secuestrados por movimientos irregulares del material en tránsito opuesto a las zonas de frontera.

Muchas sustancias son controladas por el Registro Nacional de Precursores Químicos, a cargo de la Sedronar, debido a su potencial uso en la elaboración de cocaína. La venta de esos químicos es monitoreada desde la fábrica hasta su destino final en procura de evitar desvíos ilegales. El contrabando de esas sustancias hacia Bolivia fue siempre el camino inverso del ingreso de la cocaína en el territorio argentino. Sin embargo, los actuales decomisos marcan caminos diferentes en esa comercialización ilegal. De las 92 toneladas de precursores químicos incautadas por Gendarmería este año, 66 toneladas eran desviadas desde Salta hacia Catamarca, con un posible destino a cocinas de drogas en otras provincias argentinas.

Y la producción de drogas locales alcanzó incluso al sur del país, con una cocina detectada en Chubut.

 

Fuente: La Nación Digital