NI CHANTAJE, NI TARIFAZOS, RECUPEREMOS NUESTRO PETRÓLEO

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios realizará un acto – a las 13 horas del día miércoles 26 de mayo – en la Ciudad de Buenos Aires, en Diagonal Norte y Esmeralda, frente a las oficinas de REPSOL-YPF, bajo la consigna: “Ni chantaje, ni tarifazos, recuperemos nuestro petróleo”.

El objeto de esta medida de protesta fue explicar como afectan al sector las acciones del oligopolio de los hidrocarburos.

Los cortes y restricciones en el suministro energía y los aumentos de tarifas ponen en peligro miles de puestos de trabajo y frenan la incipiente recuperación que se manifiesta en algunos rubros del sector.

Como consecuencia de las políticas privatizadoras de la nefasta década de los ’90, hoy el país depende, en materia energética, de las decisiones de empresas extranjeras. Solo recuperando la soberanía sobre estos recursos estratégicos se garantizará la suerte de las Pymes -y de los millones de trabajadores que el sector ocupa-.

ALGUNOS DATOS.

– En nuestro país el costo del barril de petróleo es de 4 U$S y nos lo venden a 28,40 U$S. ¿Qué nación justa puede admitir que sus ciudadanos paguen tarifas con un 700% de ganancia?

– En las exportaciones rige el precio internacional, que ronda los 40 U$S. Con esta formula, en el año 2003, Repsol obtuvo ganancias netas en el país por 2.600 millones de U$S.

– REPSOL-YPF es la principal beneficiaria de los aumentos en el costo del GAS (algunos directos y otros encubiertos como en el caso de los que consuman por encima del 95 % de lo que consumieron el año pasado).

La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó graves anomalías en la prestación de los servicios privatizados de gas y de electricidad, y en sendos informes que remitió recientemente al Ministerio de Economía cuestionó la actuación de los órganos estatales de control.

La información de la AGN ha sido clave para la posterior embestida que encaró el Gobierno contra las empresas del sector, a las que responsabilizó directamente por la actual crisis de energía.

Son dos las cartas que la AGN -dirigida por Leandro Despouy- remitió a Economía. En una de ellas hace referencia al transporte y a la distribución de gas, a la actividad de las empresas adjudicatarias del servicio y al accionar del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Entre las anomalías más significativas figuran las siguientes:

Inversiones: las licenciatarias no cumplieron estrictamente el cronograma de las inversiones obligatorias comprometidas en el contrato de concesión, al no ejecutar las obras o al postergar su realización. El criterio de oportunidad de control ejercido por el Enargás resultó ineficaz.

Calidad del servicio: se detectaron incumplimientos tales como cortes improcedentes, habilitaciones y rehabilitaciones demoradas del servicio, facturación errónea y escaso suministro. Las licenciatarias enviaron al ente regulador la información necesaria para la elaboración de los índices de calidad del servicio comercial fuera de los plazos estipulados, lo que afecta la calidad y seguridad, dado que esos indicadores constituyen una importante herramienta para detectar y corregir anomalías en tiempo oportuno.

Régimen de sanciones: a pesar de los sucesivos incumplimientos, el ente regulador no sancionó a las empresas licenciatarias.

Reclamos de los usuarios: a lo largo de los años, la atención comercial y la respuesta a los reclamos de los usuarios han sido deficientes. El ente no realizó un seguimiento del resultado de los reclamos y desconoce si éstos fueron solucionados o no.

Tarifas: al examinar los procedimientos aplicados por el ente durante 2001 para el ajuste y aprobación de los cuadros tarifarios de distribución de gas natural, se comprueba que resultaron insuficientes los controles del Enargás respecto del desarrollo y ejecución de las obras previstas en los proyectos de inversión.

Además, la AGN afirma que una inversión (mejoramiento o expansión del servicio) puede fundamentar un aumento tarifario sólo si ha sido verificada y aprobada por el ente regulador. E informa que la fecha, por otra parte, las licenciatarias no han implementado el sistema denominado “tarifa social”, dirigido a los sectores de menores recursos económicos.

“En síntesis: el Enargas no controla eficazmente a las licenciatarias y no ha adecuado su actividad a la normativa que resguarda los derechos de los usuarios, incumpliendo así el artículo 42 de la Constitución Nacional”, finaliza el informe.