NIEGAN QUE HAYA CASI UN MILLÓN DE MUERTOS HABILITADOS PARA VOTAR

La Cámara Nacional Electoral le bajó el tono ayer a la denuncia sobre la existencia de cerca de un millón de personas muertas que figurarían en el padrón nacional para los comicios del 23 de octubre próximo, de las cuales unas 112.000 corresponderían a Santa Fe, superando en el nivel de irregularidades a las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

La Cámara está realizando un rastreo que -hasta el momento- refleja más de 37.000 casos de varones mayores de 98 años registrados en todo el país, según confió anoche a La Capital su secretario, Jorge Otaño Piñero. Y alertó sobre la existencia de una denuncia basada en un padrón general “más antiguo (el de las presidenciales de 2003)”.

El escándalo detonó en Córdoba tras la denuncia presentada por el experto en informática Diego Rodríguez ante la jueza federal Cristina Garzón de Lascano, quien le dio curso al magistrado con competencia electoral Ricardo Bustos Fierro (tramita una causa al respecto y ordenó el chequeo de padrones).

Rodríguez, nacido en Santiago del Estero pero residente en Córdoba, había señalado que en ésta provincia existían 170 casos de ciudadanos muertos que figuraban en el padrón. La denuncia fue amplificada por el semanario Perfil, que en su edición del domingo pasado sostuvo que son 892.258 los muertos habilitados en el padrón nacional, y que el 11% de los votantes está en condición irregular.

Sobre Santa Fe, Rodríguez (quien ayer dijo haber recibido amenazas telefónicas) dio cuenta de unos supuestos 112.000 DNI mellizos, lo que representa el 8,6% del padrón general y alimenta las suspicacias sobre su incidencia en el resultado del acto electoral.

El denunciante explicó que la llamativa cifra, que ya activó las alarmas de la oposición, surgió “del entrecruzamiento al desglosar el padrón provincial en masculino y femenino”.

Por su parte, y según el relevamiento (aún parcial) iniciado el lunes por la Cámara, los casos superarían los 37.000 en lo que hace a varones mayores de 98 años. “La cifra está dentro de los estándares internacionales de error en los padrones”, justificaron otras fuentes oficiales.

También apuntaron como dato a tener en cuenta la cantidad de personas muertas después de la fecha tope para el armado de los padrones, recordando que “el promedio de defunciones en seis meses apenas supera las 100.000 personas”.

A su turno, Otaño Piñero puso especial énfasis en que los números que van aflorando a través del sondeo, distribuidos en todo el país, “no pueden afectar de ningún modo el resultado electoral”.

Al tiempo que desde la Casa Rosada estimaban que, “de existir este tipo de maniobras los partidos políticos serían los primeros en plantear la irregularidad”, Otaño Piñero consideró “muy difícil” que un jefe de mesa no detecte la operatoria con DNI mellizos ya que posee todos los elementos para hacerlo.

En la delegación Santa Fe de la Secretaría Electoral nacional aclararon que “mientras no se reciba una comunicación oficial del Registro de las Personas sobre la muerte de un ciudadano no puede eliminárselo del padrón”. Incluso sabiendo a ciencia cierta quién es el fallecido o tratándose de un deceso de larga data.

LEGISLADORES PROVINCIALES LANZAN EL ALERTA

No obstante las explicaciones esgrimidas a nivel oficial, el diputado provincial socialista Raúl Lamberto se comunicó ayer con la fiscalía del Juzgado Federal con competencia electoral de la ciudad de Santa Fe. Según comentó el legislador, “esta situación debe ser investigada por la irregularidad en sí misma y por el hecho de que en el país se está ante una elección nacional”. Por eso Lamberto confirmó que evalúa hacer una presentación por escrito ante el Juzgado Federal con competencia electoral de la capital provincial.