No declaró el representante de Apropol Alberto Martínez

El dirigente de Apropol, Alberto “El gaucho” Martínez, no se presentó a declarar en la causa en la que se lo investiga por coacciones contra el gobernador santafesino, Antonio Bonfatti. A través de un mensaje de texto el ex policía le envió: “pelado, pagá las 12 lucas”, en medio de la rebelión policial más importante de los últimos tiempos. Acusó al Gobierno de haber tejido una maniobra para incriminarlo.

 

Alberto Martínez, conocido como “El gaucho”, debía presentarse a declarar esta mañana en el juzgado de instrucción de la Cuarta Nominación, a cargo de la jueza Susana Luna, que instruye la causa en la que se investiga una amenaza al gobernador santafesino a través de un mensaje de texto, en medio de la rebelión policial que derivó en un aumento salarial mediante vías extorsivas, como lo fue el quite de colaboración.

 

Martínez hizo llegar a la jueza un certificado médico en el que se informa que sufría un cuadro de hipertensión y stress. Sus abogados, Miguel Portillo (también integrante de Apropol) y los locales Romeo Díaz Duarte y su hijo Ramiro, ofrecieron una improvisada conferencia de prensa en adyacencias al palacio de tribunales.

 

Para la Fiscalía, representada por Juan Pablo López Rosas, Martínez habría incurrido en el delito de “coacciones agravadas” (artículo 149 ter) y ésa misma figura pretendió imputarle Luna, pero la indagatoria se suspendió por el problema de salud.  “El gaucho”, le envió el sábado 7 de diciembre un mensaje de texto que decía “pelado, pagá las 12 lucas”, en referencia al reclamo salarial que iniciaron los policías rosarinos y que luego se plegó a todas las regionales departamentales. Las primeras diligencias permitieron establecer que ése número era usado por Martínez. Tres días después, el juez de instrucción de Rosario, Javier Beltramone lo citó a declarar pero no concurrió. Por haber prevenido antes la justicia santafesina, la causa viajó a la capital provincial, en donde se sustancia la pesquisa.

 

Los abogados de Martínez dijeron que “hubo intromisión” del Gobierno en esta causa en particular y consideraron que su pupilo debía ser indagado en situación de libertad. El Código Penal argentino reprime con prisión de dos a cuatro años a quienes hacen uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. El artículo 149 ter agravada la situación a aquellos que, mediante amenazas, tuvieran como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos.