NO DESCARTAN QUE ENERSA TENGA ESTACIONES DE SERVICIO

El Poder Ejecutivo envió ayer al Senado el proyecto para crear Energía Argentina SA (Enarsa), la empresa estatal que tendrá facultades para operar, por sí misma o por medio de terceros, en los mercados de gas, petróleo y electricidad. Según dijo ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, no se descarta que la firma opere estaciones de servicio.

La compañía, que estará presidida por Exequiel Espinosa, ex secretario de Hidrocarburos de la provincia de Chubut, podrá intervenir en todos los segmentos del negocio energético, como producción, transporte y distribución de gas; generación, transporte y distribución de energía eléctrica, y refinación y venta de combustibles líquidos.

La empresa será la titular de las áreas marítimas de exploración, las únicas que pertenecen al Estado nacional (la plataforma continental pertenece a cada provincia). Con excepción de la cuenca Austral, estas zonas no han sido todavía explotadas, más allá de que se han invertido más de 3000 millones de dólares en proyectos privados que no prosperaron. La idea del presidente Néstor Kirchner es que Enarsa funcione como empresa testigo para evitar situaciones de abuso de posición dominante.

La vuelta del Estado

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, De Vido dijo que la decisión de crear la empresa estaba fundamentada en devolverle al Estado un papel de peso en la industria energética. “Las evaluaciones de los últimos meses de la situación energética indican claramente que, más allá de la desinversión, ha habido una suerte de fuga y desaparición del Estado en el escenario y no ha sido bueno ni para el sector ni para los ciudadanos. La creación de Enarsa se enmarca en la vocación del Gobierno y de sus aliados de volver a tener la iniciativa política y fundamentalmente la decisión estratégica de la cuestión energética”, dijo el ministro después de reunirse con Kirchner. El Estado nacional tendrá el 53% de la empresa en acciones intransferibles; un 12% estará en manos de las provincias que suscriban las acciones, y el 35% restante, que cotizará en Bolsa, será patrimonio del sector privado.

“No tenemos socios preestablecidos”, dijo De Vido, y adelantó que las empresas se a medida que fueran surgiendo los proyectos. “La empresa va a elaborar su propio plan de negocios”, sostuvo.

Afirmó que, en el caso de que continuaran los problemas con el gasoil, la firma podría operar también en el mercado de las estaciones de servicio. “Enarsa está facultada para transporte y distribución de energía eléctrica, gas y comercialización de hidrocarburos. Esto implica también la posibilidad de tener estaciones de servicio. No es algo que vamos a hacer mañana, pero estamos posibilitados a hacerlo”, afirmó.

De Vido agregó que Espinosa ya había tomado contacto con los gobiernos de 22 de las 24 provincias para conocer sus deficiencias y establecer sus prioridades. “Obviamente, una vez que el Presidente, el Congreso y las provincias lo hayan aprobado, con tranquilidad y serenidad, comenzaremos a buscar los socios que más convengan”, dijo.

“En principio, mediante su creación, la empresa reivindica a futuro todas las áreas petroleras que están inexploradas en el ámbito off-shore (en el mar)”, agregó el ministro.

Consultado sobre la situación del suministro de gas, admitió: “Todavía hay industrias que tienen problemas de abastecimiento, que son servicios interrumpibles. Pero a partir de los 4 millones de metros cúbicos de gas que ingresarán mañana (por hoy) desde Bolivia, vamos a normalizar la situación, especialmente en regiones como el norte de Santa Fe, Córdoba, Salta, Tucumán y parte de Jujuy”.

Kirchner recibió ayer a los legisladores Miguel Pichetto, Nicolás Fernández y José Díaz Bancalari y a algunos de los miembros propuestos para conducir Enarsa: Espinosa, Jorge Haiek y el economista Aldo Ferrer.

Según el proyecto, la compañía “seleccionará su personal con un criterio de excelencia, pudiendo convocar a empleados de las administraciones públicas nacional, provincial o municipal”.

El proyecto establece que en un plazo no mayor a los 30 días desde que se haya sancionado la ley el Poder Ejecutivo deberá aprobar el estatuto sujeto a las pautas previstas y concertar “los actos necesarios para la constitución y puesta en funcionamiento, pudiendo delegar esta facultad en el Ministerio de Planificación Federal”.