NO HAY ACUERDO EN LA CORTE SOBRE LAS LEYES DE AMNISTÍA

La celeridad que el Gobierno desea imprimirle a la decisión judicial sobre la validez de las leyes de punto final y de obediencia debida no parece coincidir con los tiempos de la Corte Suprema, y todo hace prever que la definición no será inmediata.

Pese a que uno de sus miembros, Antonio Boggiano, pedirá hoy a sus colegas que se fije una fecha para pronunciarse sobre todas las causas trascendentes, incluido el asunto militar, LA NACION pudo saber de altas fuentes del tribunal que ningún sector del cuerpo logra los votos suficientes ni para confirmar ni para rechazar la validez de las normas sancionadas en 1987.

Además, entre los jueces predomina la idea de que sólo debe resolverse el fondo del asunto cuando se incorpore el sucesor de Julio Nazareno, que probablemente será el candidato propuesto por el Gobierno, Eugenio Zaffaroni. Su incorporación, no obstante, no se produciría antes del mes próximo, según los plazos previstos en la legislación vigente.

El tema está a estudio del máximo tribunal desde mayo de 2002, cuando arribaron los primeros recursos extraordinarios.

El expediente, tras ser remitido a la Procuración General, a cargo de Nicolás Becerra, que en su dictamen se inclinó por declarar la invalidez de aquellas normas de amnistía, volvió al tribunal en agosto pasado, es decir, hace exactamente un año, y la cuestión está a estudio desde entonces.

En los primeros meses, todo hacía prever que la Corte iba a confirmar la constitucionalidad de las dos leyes, como lo hizo en 1987 en la causa Camps. Esa era la posición predominante en la gestión de Eduardo Duhalde.

Pero los vientos cambiaron de sentido en abril: Néstor Kirchner, apenas asumió la presidencia, se manifestó en favor de reabrir las causas contra los militares, llegaron los pedidos de detención preventiva enviados por el juez español Baltasar Garzón, a los cuales habría que darles respuesta positiva si la Argentina no reanuda los juicios contra los militares y la amenaza del juicio político hizo a más de un juez repensar su posición.

Ahora, la Corte no parece decidida a dar una solución inmediata. La semana última, insistentes versiones originadas en el Poder Ejecutivo -según creen algunos de los jueces- atribuyeron a los magistrados la intención de acelerar el paso. Indicaban que ayer, en el primer acuerdo tras el receso invernal, podrían fijar la fecha para dictar una sentencia sobre el tema.

Ayer, sin embargo, en los principales despachos de la Corte la idea era bien distinta y apenas se registraba la premura que quería imprimirle al tema Boggiano. De paso, se comienzan a advertir los límites de cualquier decisión que tome el tribunal. El primero: nunca será la Corte la que abra o cierre la puerta de las extradiciones porque la última palabra la tiene en todos los casos el Poder Ejecutivo.

Además, si declarase válidas las leyes -una hipótesis que hoy no tiene mayor apoyo- el conflicto alrededor de los militares tampoco se cerraría: habría que resolver nuevos planteos para decidir si aquella decisión es la antesala para rechazar las extradiciones o si, por el contrario, el país, al no juzgar a sus ex oficiales, debe remitirlos al exterior para que sean procesados allí.

El segundo límite: cuando se sancionaron las leyes de amnistía, cuatrocientos oficiales superiores que eran comandantes de zona y subzona quedaron fuera del beneficio de esas normas. Ellos siguieron bajo proceso e incluso algunos fueron procesados. Pero Carlos Menem indultó a muchos de esos oficiales superiores. Por lo tanto, si la Corte declarase inválidas las leyes se reabrirían los juicios contra los oficiales de menor rango, pero no serían inválidos los indultos.

Opiniones encontradas

Algunos jueces de la Corte atribuían a Carlos Fayt, el flamante titular del cuerpo, interpretar mejor que nadie la necesidad del Poder Ejecutivo de darle una pronta solución al tema. Ayer, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que el Gobierno no está “condicionando ni presionando” a la Corte sino que promueve una “rápida” resolución del asunto. Admitió que una sentencia de la Corte es “la mejor forma de dar por terminado” el conflicto.

En rigor, la necesidad de resolver cuanto antes el tema es comprendida por varios ministros, pero tienen divergencias sobre varios puntos:

Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda entienden que los juicios en los que se debaten los pedidos de extradición que formuló el juez español Baltasar Garzón, y que por ahora están en manos de su par argentino Rodolfo Canicoba Corral, una vez que sean resueltos en primera instancia, llegarán a la Corte rápidamente, en no más de dos o tres meses, mediante la simple presentación de un recurso ordinario y sin pasar por las cámaras federales del interior del país. “Para entonces, la Corte ya tiene que tener una definición sobre las leyes de amnistía y punto final”, dicen en la Corte.

Enrique Petracchi, sin embargo, sería favorable a que la Corte no se expida en lo inmediato, sino que el expediente debe ser previamente resuelto por la Cámara de Casación Penal. Petracchi, Fayt y Augusto Belluscio, en 1987, declararon la validez de las leyes de amnistía. ¿Cómo podrían ahora votar en un sentido contrario?

De todas formas, la posición de Petracchi de remitir la causa a Casación, que no está definitivamente fijada, no reúne cinco firmas. Ni Maqueda ni Boggiano la comparten, pero sí Fayt.

Eduardo Moliné O´Connor, que sigue en la Corte mientras está sometido a enjuiciamiento político; Adolfo Vázquez, Guillermo López y Augusto Belluscio encarnan la posición de que las leyes son válidas y no deben ser declaradas inconstitucionales.

El argumento es simple y tiene mucho de cierto: los tratados que se invocan para incriminar los delitos cometidos durante la represión ilegal son posteriores al período en que aquellos crímenes tuvieron lugar. De todas formas, no puede descartarse que algunos de ellos puedan acercarse a quienes postulan enviar la causa a Casación. Una forma de dilatar la solución.

En sentido contrario, Boggiano parece ser el más proclive de los jueces a declarar inválidas esas normas. En tanto, Maqueda no tuvo oportunidad de ver el expediente, aunque cuando era legislador siempre las criticó. La única coincidencia: la Corte debería pronunciarse cuando se incorpore el nuevo juez. Claro que, para entonces, quizá Moliné ya no esté en el tribunal.