No hay respuestas para la crisis del peaje

El Ejecutivo provincial aún no dio respuesta al reclamo por el fin del peaje en las rutas provinciales 6 y 70 impulsado por transportistas de la provincia en conjunto con entidades vinculadas a la producción y el comercio. Mientras tanto, el cobro de peaje continúa y las rutas se deterioran en forma progresiva. No existen mejoras en las carreteras, sólo un precario mantenimiento. La solicitud por el fin del peaje había sido impulsado hace dos meses y medio por un grupo de instituciones entre las que se encontraban la Cámara Empresaria de Autotransporte de Cargas Esperancina (Ceace), la Cámara del Transporte de Rafaela, el Centro Industria y Comercio Afincados Esperanza (Cicae); la Sociedad Rural Las Colonias (Esperanza); la Cámara Industria Maderera y Afines Esperanza (Cimae); la Asociación Autotransporte de Cargas Santa Fe (AAuCAR); Fatac Santa Fe; la Asociación Transportistas Recolectores Unidos de Leche (Atrul – Esperanza); el Centro Regional de la Producción Industrial y Comercial de Franck; el Centro Comercial Industrial y Bienes Raíces de Pilar; el Centro Comercial Industrial y Bienes Raíces de Humboldt; la Vecinal Colonia Pujol; y la Federación de Entidades Vecinales de Esperanza. En la nota le habían pedido al gobernador Jorge Obeid, que les conceda una audiencia para tratar el tema de manera urgente, para lo cual le dieron un plazo de 15 días. De aquel planteo ya pasaron dos meses y medio y los transportistas siguen a la espera de una contestación. Ricardo Rico, presidente de la cámara de transportistas de Rafaela aseguró que hasta el momento el Ejecutivo provincial no había respondido el pedido de audiencia. "Al menos hasta donde nosotros sabemos no hubo ninguna respuesta", señaló el dirigente en diálogo telefónico con CASTELLANOS. Hasta ayer, la entidad que preside Rico tampoco había recibido respuesta alguna por parte de la Sociedad Rural de Rafaela y el Centro Comercial e Industrial a las cuales los transportistas habían invitado para que se sumen al reclamo contra el peaje. Rico prefirió no opinar sobre la actitud de las demás instituciones y sólo recordó que la invitación se efectivizó para que se pudieran plantear reclamos conjuntos a los efectos de obtener mejores resultados ante el Ejecutivo. Agregó que resultaría "muy difícil" que el Gobierno escuche los reclamos si éstos son planteados en soledad por la cámara de los empresarios del transporte de Rafaela. Ante ello Rico dijo que para continuar con los reclamos, en caso de que no se sumen las demás entidades locales, los transportistas rafaelinos continuarán las gestiones en forma conjunta con las organizaciones de Esperanza. Precisamente, la cámara de transportistas de la ciudad cabecera del Departamento Las Colonias es una de las instituciones que mantiene una fuerte oposición al peaje incluso desde antes de su instalación. Dicha posición se endureció ahora desde que el fracaso del sistema se tornó evidente en el estado de las rutas. Semanas atrás Norberto Weidmann, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Cargas Esperancina (Ceace) aseguró que "el Consorcio Vial del peaje fracasó". "Es un fracaso que está a la vista de todas las personas que transitan por las rutas y pueden advertir el estado de los caminos. Por eso nosotros insistimos con el pedido para que el peaje se deje sin efecto y para que el Gobierno se haga cargo de manera urgente de la repavimentación de las rutas", puntualizó Weidmann. Vale recordar que los reclamos de los transportistas contra este peaje comenzaron incluso antes de que se pusieran en funcionamiento las cabinas. A comienzos del 2000 los transportistas ya habían advertido que el sistema sería económicamente inviable y que se transformaría en una nueva carga fiscal para quienes circulan por las rutas con el consecuente perjuicio para la economía regional. Ya las primeras ecuaciones económicas del Consorcio demostraban que los gastos administrativos y de funcionamiento de la Unidad Ejecutora del peaje insumían la mayor parte de los recursos que aportaban los usuarios. Es decir que el peaje no garantizaba los recursos necesarios para llevar adelante las obras de mantenimiento y mejoras que se habían comprometido. En esta materia, son conocidas las deudas de la Unidad Ejecutora: el Consorcio Vial no cumplió con obras de mejoras para las carreteras estipuladas para los primeros años de concesión. Esos trabajos aún siguen sin ejecutarse.