NO MÁS PRESOS A CORONDA

Los internos de las dos cárceles más importantes de la provincia, Coronda y la Unidad III de Rosario, realizan una protesta en reclamo de conmutaciones de pena que el gobernador Jorge Obeid debió haber firmado en mayo y aún no lo hizo. Los presos se niegan a acudir a los talleres laborales y eso genera trastornos ya que el Servicio Penitenciario tiene compromisos asumidos con diversas instituciones para proveerlas de elementos, desde pan a bancos, que los propios reclusos fabrican.
En tanto, el juez de Ejecución de Coronda aceptó –en lo que representa una medida inédita– el hábeas corpus de unos 600 condenados para que no se amplíe la capacidad de esa unidad ante posibles traslados desde las abarrotadas comisarías de Rosario, según lo anunció el jefe del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa. Esta medida abortaría una de las soluciones que habían encontrado algunos magistrados al colapso. Es que algunos jueces entendían que se podían descomprimir las comisarías locales alojando dos presos por celda en Coronda.
Huelga de talleres

Los internos corondinos iniciaron la denominada “huelga de talleres” el lunes pasado y los locales se solidarizaron ayer, según confirmaron fuentes oficiales y de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). Es que tradicionalmente se firman cada año dos tandas de conmutaciones de pena, en mayo y diciembre, pero en lo que va de 2004 el gobernador Obeid no ha habilitado las reducciones. Las que se conocieron en marzo corresponden al último período de 2003 y no pasaron inadvertidas ya que entre ellas figuraba la de Carlos Lovazzano, un policía que en 1994 mató a su esposa y a dos parientes políticos en Pérez. La negociación del conflicto se presenta complicada, según Fernando Rosúa, quien anunció la presencia del subsecretario de Justicia de la provincia, Walter Gálvez, hoy en Coronda. Al mismo tiempo la CTC dialogará con delegados de la unidad de Zeballos y Richieri, que decidieron plegarse a la protesta iniciada hace una semana, sin estridencias.

HÁBEAS CORPUS

Otra de las novedades en el marco de la crisis carcelaria es la decisión del juez de Ejecución penal de Coronda, Julio César Arri, que asumió el mes pasado. Rosúa confirmó que unos 600 condenados de distintos pabellones le presentaron hábeas corpus para evitar que se amplíe la capacidad del megapenal “ante las noticias periodísticas sobre la posibilidad de traslados desde las comisarías de Rosario”. Esas noticias hacían alusión al recurso que tramita el juez de instrucción Carlos Triglia en favor de todos los presos de comisarías locales. Se trata de unas 1.200 personas hacinadas, según confirmó un lapidario informe de la Defensoría del Pueblo. Varios jueces penales fogonearon en los últimos días la idea de que una solución transitoria al colapso de las seccionales podría ser ubicar a dos reclusos por celda en Coronda.

“A instancias de los delegados”, según Rosúa, los reclusos interpusieron masivamente los hábeas corpus y el juez Arri hizo lugar. “Ordenó al Servicio Penitenciario que en forma gradual y progresiva se garantice el alojamiento individual y no compartido, lo que en la práctica frena el aumento de la población carcelaria en Coronda”, explicó el funcionario.
“Por ahora es imposible materialmente garantizar un interno por celda pero por lo menos no se agravará la situación”, agregó, recordando que la prioridad de su gestión es descomprimir el hacinamiento de las comisarías rosarinas.

SIN CONMUTACIONES

El nuevo conflicto que aparece en el horizonte a propósito de las conmutaciones tampoco parece sencillo de resolver, sobre todo si se atienden versiones sotto voce que indican que Obeid no las firmará. Con el caso Lovazzano como antecedente y el discurso de penas más duras contra la delincuencia como marco, las conmutaciones no arrancarán aplausos del ciudadano común, se especula en los círculos oficiales. Sin embargo, en la mesa de diálogo que integran delegados de los reclusos, la CTC, la pastoral penitenciaria y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia se prometió que habría reducciones de penas aunque con nuevos criterios. Así lo explicó Antonio Tesolini, de la CTC. Y agregó que la Secretaría de Derechos Humanos estaba encargada de diseñar un mecanismo para analizar caso por caso pero para ello necesitaba tiempo, que le fue concedido.

Sin embargo, los plazos ya vencieron y los presos esperan una respuesta a sus casi 800 solicitudes de reducción de pena.