"NO PUEDO DESCARTAR QUE NO HAYA CORRUPCIÓN"
En el final de una semana donde la dirección que está a su cargo estuvo en el centro de la polémica a partir de dos resoluciones de la Justicia federal que ordenó investigar la actuación de oficiales de la policía en casos de narcotráfico, y de los duros cuestionamientos de la magistrada Laura Cosidoy, el comisario mayor Hugo Baigoría se defendió: “Ninguno de nuestros efectivos está procesado ni condenado”.
El titular de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la provincia –que dejó la subdirección para asumir el pasado 29 de enero el cargo que dejó Gabriel Leegstra– habló en términos elogiosos de la jueza en cuestión, aunque deslizó críticas sobre el “retardo de órdenes de allanamiento” por parte de los funcionarios judiciales encargados de entregarlas. También dio su opinión sobre los cuestionamientos a los agentes antinarcóticos –ya que Cosidoy había dicho que hay policías que protegen a los narcos y, además, les hacen vender su propia droga–; remarcó las estadísticas que revelan un alto promedio de procedimientos con detenidos y secuestro de estupefacientes; sostuvo que su gestión cuenta con respaldo político, e hizo hincapié en la responsabilidad de toda la sociedad en la problemática de la droga.
—¿Hay policías que venden su propia droga?
—Es una cuestión que es motivo de investigación de la Justicia federal. Hasta donde tenemos conocimiento, desde el punto objetivo no, porque sino se tomarían las medidas que corresponden. Tenemos organismos de control, como la Oficina de Control de Gestión creada el año pasado, que controla el accionar de la gente junto con superiores que recorren la provincia, y en este momento no tenemos ni procesados ni condenados entre el personal.
–¿Hay alguna posibilidad de que un policía robe parte de un secuestro o comercialice estupefacientes sin que sus superiores, al menos, lo sepan?
—Desde el punto de vista subjetivo podría ser. La ley de drogas marca que los procedimientos tienen que hacerse con testigos, entre otros requisitos. Que hay corrupción en la policía uno no puede descartarlo.
—Es habitual que se informe que se ha secuestrado determinada cantidad de droga y luego, cuando queda la constancia en el expediente judicial, esa cantidad es menor. ¿Se inflan los resultados de los procedimientos?
—Desde el año pasado nos venimos manejando con los partes de prensa para evitar equívocos y para que los periodistas tengan información fehaciente. Hay cifras que trascienden del personal que está en el procedimiento, pero el secuestro está avalado por los testigos y eso es lo que se documenta.
—Ya en fecha tan temprana como 1994 se produjo un procedimiento que terminó con la absolución del comerciante José Luis Parrino. Ese fallo daba cuenta de irregularidades que volvieron a estar presentes en resoluciones posteriores del mismo tribunal. Y al menos en cinco de esos casos estuvo cuestionada la actuación de un oficial. ¿Cómo es posible que la historia se haya repetido a lo largo de una década?
—Está bajo la investigación de la Justicia federal. Y uno no puede analizar un fallo de la Justicia. Hay que esperar las resoluciones, porque vivimos en democracia, así que tiene que haber sentencia firme. Si ocurre una situación como ésa, las imputaciones son lo que corresponde en un régimen normal y hay que demostrarlas para tomar medidas.
—Uno de los cuestionamientos de Cosidoy es, en otras palabras, que sólo van presos los perejiles. ¿Usted lo comparte?
—La persona de la doctora me impone el máximo de los respetos; rescato lo que ella dice en cuanto a que hay que hacer esfuerzos para mejorar la lucha. Todo lo que con la experiencia ella aporte es bienvenido. Pero lo más importante es el actual estado de la Digedrop. Me parece imprescindible dejar asentado que no hay cuestionamientos. Cuando hay que hacer movimientos de personal por falta de rendimiento se lo hace.
Los secuestros que hemos hecho son importantísimos. Incluso reconocido por Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico) a través de misivas al primer orden del gobierno provincial. Destaca nuestro accionar como una de las mejores fuerzas del país. Acabamos de terminar un plan provincial de lucha antidroga 2005-2007 aprobado por Gobierno, que está entrando en vigencia. Es la primera y única policía del país que tiene un plan en prevención y parte operativa. Tenemos buen diálogo con agencias internacionales antidrogas. Este año ya van 439 procedimientos en la provincia (118 en Rosario con 120 detenidos), con la incautación de más de 7 kilos de cocaína y 170 de marihuana. Lo que quiero dejar sentado es que el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario me presupone las mayores garantías y el mayor de mis respetos. Y que vamos en una misma dirección con la doctora y que esto va terminar con un diálogo que va a ser útil en la lucha contra el narcotráfico.
—A la mayoría de los homicidios cuyo móvil es el ajuste de cuentas, la policía rosarina los vincula con el narcotráfico. ¿Cómo es posible que los narcos salgan en los diarios mencionados en los asesinatos pero que no sean condenados por comerciar droga? ¿Hay policías que protegen a los narcos?
—El tema de las condenas es responsabilidad de la Justicia. Nosotros estamos dictando cursos de capacitación entendiendo que la droga tiene que ver con todos los delitos, porque agrega peligrosidad al delincuente. Tenemos que agilizar el accionar poniendo esfuerzo en esa situación. Hay violencia social inusitada y debemos participar los 15 mil hombres de la policía. En el plan vamos a tender a optimizar con juzgados y fiscales federales para dar respuesta social rápida. Pero por ahí hay situaciones que marcan retardo en órdenes de allanamiento. Como la aplicación del artículo 33, que retarda la detención de personas, lo que dificulta la investigación en el microtráfico y el vecino se queja. Pero además hay que involucrar a la sociedad porque la droga es un problema social. Si no se soluciona en la sociedad, la policía no lo puede resolver por sí sola, porque no lo ha hecho en ninguna parte del mundo. El núcleo del problema hoy es el reclamo social permanente por los vendedores barriales, por lo que ya se está hablando de droga y delitos conexos, lo que trabajamos con las unidades regionales. Tenemos que darle respuesta a los vecinos con el microtráfico, sin perder de vista el resto, para lo cual tenemos que profundizar las relaciones con las fuerzas federales, con las que venimos trabajando. Pero siempre teniendo en cuenta que somos una fuerza supletoria.
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