“No se puede cobrar por un servicio no prestado”

El diputado nacional, Pablo Javkin (Coalición Cívica ARI, Frente Amplio UNEN) reiteró su solicitud de que el fraccionamiento sea por segundo desde el inicio de las llamadas. Reconoció el avance de la disposición dada a conocer por las Secretarías de Comercio y Comunicaciones, que obligará a las compañías telefónicas a cobrar los primeros treinta segundos de comunicación al valor que corresponde al precio del segundo multiplicado por treinta. La misma repara la resolución anterior que permitió establecer cargos fijos que produjeron un aumento importante para los consumidores, y que el legislador había denunciado.

En este sentido, el diputado consideró que “si bien es un avance la nueva medida del Estado, es preciso que se elimine definitivamente el cobro por bloques, sobre la base de que los usuarios abonen el tiempo efectivamente consumido. Las empresas no pueden cobrar por un servicio no prestado”, indicó.

Javkin, en el proyecto presentado, solicitaba que la facturación por segundo de las llamadas por celular sea desde el momento inicial, tal como fue anunciado por el Gobierno en el mes de febrero y luego desvirtuado por la misma reglamentación del Estado Nacional que les permitió a las empresas cobrar en bloque. Esto implicó que las prestadoras del servicio pueden cobrarles a los usuarios los primeros treinta segundos de cada comunicación sin fraccionar, aunque no los hayan consumido, habilitándose un nuevo redondeo hacia arriba, a favor de las ganancias privadas y en contra de los usuarios. Agravando aun más la situación, las operadoras le pusieron a este bloque un costo fijo, sin relación con el valor del segundo, que produjo un notable aumento encubierto en los precios de los planes.

La regulación que el diputado propone se estima que “podría significar un ahorro de cerca de 9 mil millones de pesos por año, un dinero que venía siendo parte de las cuantiosas ganancias de las compañías telefónicas”, señaló Javkin.

Por otro lado, el diputado de la Coalición Cívica ARI – UNEN, recordó una vez más, la necesidad de que se declare a la telefonía móvil e Internet como servicio público, para que se fijen tarifas justas y proporcionales al costo del servicio prestado, garantizando su calidad, mediante un mecanismo que respete los derechos de los usuarios. “En ese caso, la adopción de toda medida por parte del Poder Ejecutivo debería previamente analizarse en audiencias públicas y fundamentarse con mayor seriedad y transparencia”, finalizó Javkin.