NO TUVO VOTOS EN CONTRA DEL PLIEGO DE GUSTAVO RÍOS

Fue una sesión mucho más breve de lo que se creía, a diferencia de la reunión del jueves pasado en la que se había acordado pasar a un cuarto intermedio. Ayer el oficialismo expuso su visión y la oposición la suya, sin más debate.

Representantes de todos los bloques y el titular de la comisión bicameral de Acuerdos, el senador Raúl Gramajo (PJ- 9 de Julio), dijeron que había quedado sin sustento la acusación de usurpación sobre el juez de circuito Gustavo Ríos, formulada por el intendente de Candioti, Alberto Flaviani.

Terminó así la saga que comenzó hace siete días, cuando el diputado Marcelo Brignoni (Encuentro) -a quien el juez Ríos piensa querellar- leyó en aquella sesión una de las tres notas de Flaviani de 2004, dirigidas al procurador de la Corte, la Fiscalía y el gobernador. Ayer el legislador prefirió no hablar sobre Ríos, sólo recordó que había actuado en uso de las facultades que le confiere la Constitución.

Posiciones
Gramajo destacó que “no existió usurpación” y al detallar la operación de compra de Ríos de la ya famosa manzana 27 de Candioti dijo que sólo existen dos lotes del predio que no están en manos del juez, cuyos propietarios no se han podido localizar.

Expuso que el magistrado actuó “en el campo del derecho, dentro de la ley”, al confirmar el dictamen de la semana pasada.

Aldo Strada (ARI) expresó algo similar sobre ese inmueble. Luego lamentó ciertas “actitudes” y “opiniones” a las que consideró “graves”. Dijo que Ríos “confunde la sigla PJ” a propósito del Partido Justicialista y del Poder Judicial.

Luego fue a un párrafo del descargo del juez Ríos (ver aparte) que dice que el presidente comunal de Candioti -electo por el justicialismo- desconoció los “estamentos de su partido” y facilitó a la oposición un “golpe político”.

Gabriel Real (PDP) habló de “aseveraciones imposibles de comprender” con confusiones sobre “cómo deben funcionar las instituciones”, y otra vez habló del mismo texto de Ríos. Dijo que siguiendo el razonamiento del magistrado parece que Flaviani debió “pedir permiso al PJ”. Se preguntó -y dejó constancia del signo de interrogación en la versión taquigráfica- si “¿no es injuriante?” la forma en que se dirige el juez al diputado Brignoni cuando afirma “quisiera creerle” o “necesitaría creerle”.

Daniela Questa (UCR) advirtió que “no hubo ilícito” y reivindicó la decisión de la Asamblea de tomarse 7 días para “no ser injustos”. Advirtió que en el párrafo sobre la verticalidad partidaria (que a Questa le recordó la idea de obediencia debida) se confunde “la vida partidaria con la función pública”.

Alfredo Cecchi (PS) subrayó que ya “no hay motivos de dudas” pero lamentó cierta “dosis de autoritarismo” del texto que “desconoce la división de los poderes”.

.

Afirmaciones “temerarias”
Hugo Marcucci (UCR) dijo que el juez cometió “un grave error” al no exponer en la primera entrevista con la comisión de Acuerdos lo que ocurría con esta manzana.

También que los demás poderes -entre ellos el Judicial- debieron informar sobre estas notas de 2004 que contenían la acusación, “estaban firmadas y tenían el carácter de un documento público”, disparó.

Subrayó que el cuarto intermedio fue “como dijo Cecchi, en resguardo del honor del entrevistado” a quien le reclamó “mayor distancia de sus emociones”, más “decoro”. Dijo que cree que habrá “una profunda autocrítica” sobre la redacción del documento.

Rechazó enérgicamente que diputados y senadores hayan caído en la forma del pasquín: “todo se hizo a la luz del día, con las firmas de los responsables (…) es preocupante que un juez transite por estas afirmaciones temerarias”, dijo Marcucci.

Parte del textode la discordia
El Litoral reprodujo en su edición del miércoles pasado parte del descargo presentado por el juez Gustavo Ríos, sobre todo lo referente a una acusación que ante la Asamblea Legislativa pesaba sobre el juez: la propiedad de la manzana 27 de Candioti.

Uno de los párrafos que más ha molestado a los diputados y senadores de la oposición refiere a otro aspecto, completamente ajeno al tema que causó -hace 7 días- la postergación en el tratamiento de su pliego para un ascenso en los tribunales locales. Se lo reproduce a continuación: el texto está dirigido al titular de la Comisión Bicameral de Acuerdos y habla del denunciante Alberto Flaviani, el subrayado no pertenece al original.

“Denota en su autor una increíble irresponsabilidad cívica -desde que está calumniando a un ciudadano sin una sola prueba que lo avale-, gubernamental -ya que en caso de ser cierta, el ejercicio de su cargo le imponía formular una denuncia penal-, política -pues el presidente comunal ostenta la representación de un partido en el seno de la comunidad de Candioti y no puede, con total ligereza, endilgar la comisión de un delito a un magistrado de la provincia que mereció el aval de su propio partido -remito al diario de sesiones del 21.8.03- poniéndolo no sólo en situación de verse privado de un ascenso, sino de ser sometido a enjuiciamiento- y, aún, partidaria -desde que, por sobre los estamentos de su partido y de manera intempestiva, habría proporcionado información a la oposición facilitándole un golpe político”.

El Senado aprobó la iniciativa privada
La Cámara de Senadores dio media sanción anoche a un mensaje del Poder Ejecutivo que adhiere a una legislación nacional en favor de la llamada iniciativa privada.

El despacho fue respaldado sólo por el justicialismo; la oposición -PS y UCR- votó en contra, aunque colaboró con el quórum que a esa hora era bastante ajustado, porque parte de la bancada oficialista partió a una reunión partidaria en el interior.

El Régimen Provincial de Iniciativa Privada consta de seis artículos, que consagran derechos y obligaciones para aquellas empresas que presenten proyectos al Ejecutivo, que este eventualmente lleve a cabo.

El presidente del PJ en la Cámara Alta, Daniel Depetris, destacó que lo más interesante de la legislación que pasa a consideración de los diputados no es el articulado sino su anexo, que fija “un proceso complejo” para que se lleven a cabo los emprendimientos que proponga un privado.

Subrayó que el oficialismo modificó el mensaje del Ejecutivo, creó “más requisitos” a las empresas que formulen propuestas al Estado, y estableció la obligación de “presentar garantías” en el proceso de evaluación, con “precios y valores que deben ser comprobables en el mercado”. También se dejó en claro en el texto con media sanción que el Estado no pagará gastos de honorarios, explicó Depetris, y destacó que se busca otorgar “más certezas a quienes tienen iniciativas que requieren del Estado”.

Para Patricia Sandoz (PS) esa legislación es “innecesaria”.

Recordó que Santa Fe ya tiene la Ley de Administración y Control Financiero (que reemplazó su vieja ley de contabilidad), que incluso fue respaldada por la oposición y también que ya existe el régimen de asociación público-privado.

Advirtió que la media sanción significa “encorsetar, autolimitar” al Estado provincial, porque se obliga a respetar derechos de autor por dos años. Con la misma argumentación, la UCR también votó en contra.